Santiago Nieto deja la UIF con miles de bloqueos bancarios y acciones pendientes

El Ejecutivo aceptó su renuncia tras su boda con la consejera electoral Carla Humprey, que se celebró en la Antigua, Guatemala, con más de 300 invitados, la cual calificó como un “asunto escandaloso”, situación que lo deja en la imposibilidad de laborar en empresas de la que pueda tener información privilegiada por 10 años.

“Los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior a que se refiere el manual de percepciones previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Gobierno Federal, que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años”, dice el artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana.

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Aun cuando presume la cifra más alta de bloqueos en casi dos décadas y acciones en materia de lavado de dinero y combate al terrorismo fiscal tanto a nivel nacional como internacional, Nieto Castillo presentó su renuncia para no afectar el proyecto de gobierno de López Obrador. “Mi lealtad es con el Presidente”, afirmó en un tuit.

Es la segunda vez que el abogado por la Universidad Autónoma de Querétaro deja un puesto en el gobierno en medio de la polémica, la primera vez fue cuando acusó al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien hoy enfrenta un proceso penal por el caso Odebrecht en el que está involucrada la UIF, de presionarlo para señalar su inocencia.

Esto fue suficiente para que el 20 de octubre de 2017, el entonces subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en funciones de procurador, Alberto Elías Beltrán, anunció la remoción de Nieto Castillo por faltar al Código de Conducta de la entonces PGR.

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Como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), emprendió acciones contra Arturo Escobar y Vega, entonces subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, por su presunta participación en delitos electorales como secretario de proceso electorales del Partido Verde, y emitió una orden de aprehensión contra el exvocero Pablo Escudero Morales, quien lo denunció por violar el principio de presunción de inocencia y la confidencialidad del caso por dar a conocer la solicitud de captura.

Desde la Fepade, ahora FEDE, también emitió orden de aprehensión contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por el financiamiento ilegal para la campaña del PRI en el estado y emprendió una investigación contra la diputada de Morena en Veracruz, Eva Cadena, por lavado de dinero.

Santiago Nieto como titular de la UIF

En la víspera del arranque de gobierno de López Obrador fue llamado para enfrentar la corrupción desde la UIF, cargo que asumió el 1 de diciembre de 2018. En esos casi 36 meses, se convirtió en uno de los funcionarios más poderosos de la administración.

Bajo su mandato, la UIF congeló cuentas de Eduardo Medina Mora, lo que provocó que renunciara como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; del exdirigente del sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps; de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, del abogado Juan Collado, así como del empresario Alonso Ancira y de la empresa Piña Digital, señalada por financiar un documental contra el presidente López Obrador.

La Unidad también bloqueó cuentas bancarias de 1,352 personas presuntamente relacionadas con 14 grupos delictivos que operan en la Ciudad de México. Por su parte, Nieto Castillo acusó al expresidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas, de presunto enriquecimiento ilícito.

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Otros de los casos en su “cartera” de denuncias es el del gobernador de Tamaulipas, a quien señaló de lavado de dinero y de poseer bienes que no corresponden con su sueldo, a su vez, el mandatario panista negó las acusaciones y acusó a la dependencia de filtrar información de la investigación.

Incluso con funcionarios de la actual administración tuvo conflictos. Nieto reprochó a la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, la falta de resultados en las querellas iniciadas por la UIF.

Por su parte, el fiscal ha acusado a la Unidad de presentar denuncias sin suficientes pruebas y por violentar el debido proceso.

Las cuentas pendientes

Nieto Castillo deja la UIF con casos pendientes como el de Lozoya, donde apenas la semana pasada representantes de la dependencia reafirmaron los señalamientos contra el exdirector de Pemex, y la formulación de acusaciones contra el expresidente Peña Nieto y su entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, contra quienes dijo alistaba denuncias.

Antes de su renuncia, se comprometió también a investigar las denuncias en la investigación Papeles de Pandora, realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas Independientes.

En meses recientes, Santiago Nieto había enumerado avances desde su frente, aunque reconoció que aún faltan avances en corrupción. Había señalado en una reunión con senadores la necesidad de crear “La Guardia Financiera”, como un mecanismo especializado en el ámbito financiero, para llegar con los elementos de prueba que reduzcan tiempo a la judicialización y la carga al Ministerio Público.

También, en una conferencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) dijo que era necesaria la reforma a la Ley Antilavado para exigir nuevas obligaciones a las actividades vulnerables, como la implementación de un sistema automatizado.

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En octubre, en el marco de la reunión plenaria del GAFI, celebrada en París, Francia, destacó el interés del país en participar en el proyecto propuesto por Estados Unidos y Canadá sobre las ganancias obtenidas del tráfico del fentanilo y otros opioides sintéticos, que se iniciará en febrero de 2022, y planteó la relevancia de la recuperación de activos como parte del combate al crimen organizado a través del decomiso de bienes producto del delito, en beneficio de la población, para que se destinen a programas sociales y servicios públicos.

Sobre esta reunión, escribió en el diario La Jornada que no asistió al foro internacional porque consideraba que su función como titular de la UIF es en el interior del país, así como "seguir las políticas de austeridad y racionalidad del gasto público del gobierno de México”.

“En un país de 60 millones de pobres, como lo es México, el que haya funcionarios públicos o familiares de funcionarios públicos que tengan este tipo de gastos es evidentemente excesivo”, había dicho en agosto pasado durante una reunión con senadores de Morena, en la que reveló que encontraron a familiares de altos funcionarios del sexenio pasado, con gastos millonarios en las tarjetas de crédito, según informó ese diario.