En su entrevista con Ciro Gómez, Robles comparó su caso con el del empresario Alonso Ancira, exdirector de Altos Hornos de México, quien quedó libre al llegar a un acuerdo reparatorio con la Fiscalía General de la República (FGR) por la compra fraudulenta de la planta Agronitrogenados, realizada en la administración de Emilio Lozoya como director de Pemex, y quien también sigue su proceso en libertad.
La exfuncionaria indicó que en su caso, se le congelaron las cuentas bancarias por supuestos manejos irregulares de personas que dependían económicamente de ella, y que antes de su primera audiencia se le criminalizó por haber realizado un viaje.
"Los jueces de amparo y la magistrada determinaron que eso no se puede criminalizar. Imagínate que se criminalizara el tener dinero, que no lo tengo, pues el señor Ancira no estaría tranquilamente en Estados Unidos fumándose su puro. Hay criterios para unos y hay criterios para otros, hay argumentos para unos y argumentos para otros. Todo mundo sigue sus procesos en libertad, menos yo. ¿Por qué? Porque soy rosario Robles", señaló.
La exsecretaria de Estado reiteró que, a diferencia de los otros involucrados en presuntos casos de corrupción en este sexenio y en el anterior, solo ella ha enfrentado un juicio político, la han inhabilitado del servicio público y le ratifican la prisión preventiva.
"A mí, por 2,000 pesos que nunca fueron de mi patrimonio, soy inhabilitada por 10 años. ¿Por qué los que aparecen en los Pandora Papers, funcionarios y exfuncionarios del gobierno, no les han aplicado la misma medida? (...) A nadie más le han hecho juicio político, lo han inhabilitados por 2,000 pesos, a nadie más le reiteran y le reiteran la prisión preventiva. El objetivo aquí no es que haya justicia", manifestó.
Asimismo, consideró que probablemente su libertad no dependa del asunto legal, sino de quienes están afuera ejerciendo presión por una adecuada impartición de la justicia.
A la exfuncionaria federal la Fiscalía General de la República (FGR) la acusa de avalar convenios con universidades a través de los cuales, se trianguló recursos por más 5,000 millones de pesos, pero el delito por el que se le acusa es
por el ejercicio indebido del servicio público en la modalidad de omisión.