El Senado de la República concretó la reforma por la que se elevó a falta administrativa grave equiparable al delito de corrupción, la omisión de las entidades de enterar ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) las cuotas, aportaciones o descuentos que se realicen al salario de los trabajadores.
Hasta enero de este año los montos no enterados por las 32 entidades del país por ese concepto ascienden a 7 mil millones de pesos, de acuerdo al Reporte de Adeudos Registrados por el ISSSTE Asegurador, que elabora la Dirección Normativa de Inversiones y Recaudación del Instituto.