Además de rendir protesta, algunos de los nuevos gobernadores han lanzado un llamado de auxilio a la federación ante el clima de violencia que predomina en los estados que ahora gobiernan.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de los 22,611 homicidios dolosos registrados de enero a agosto de 2021, el 50% ocurrió en los 15 estados que este año tuvieron elecciones para gobernador, el 6 de junio pasado.
De los 10 estados más violentos en el país y que concentran el 68% de los homicidios dolosos, seis renovaron a sus autoridades estatales: Baja California, Michoacán, Chihuahua, Sonora, Zacatecas y Guerrero.
Algunas de las entidades que tuvieron cambio en su gubernatura han sido escenario de masacres, como Zacatecas, donde el 25 de junio, un enfrentamiento entre grupos criminales dejó como saldo 18 personas muertas.
Algunos de los mandatarios que han alertado sobre la situación de violencia que recibieron al tomar protesta son el de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; el de Zacatecas, David Monreal y el de Sonora, Alfonso Durazo.
Especialistas consultados por Expansión Política advierten que en esas entidades puede darse un repunte en la violencia por dos razones: la curva de aprendizaje que tiene todo gobierno cuando asume y el intento de poner fin a posibles complicidades entre autoridades y criminales.
Carlos Rodríguez, especialista en Seguridad y miembro del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede), advierte que los nuevos gobernadores enfrentan un escenario “muy complicado” porque más allá de los números de violencia e inseguridad, prevalece una descomposición institucional, un asunto que no se arregla de un día para otro.
“Los altos índices de violencia e inseguridad en los estados son consecuencia de una descomposición social e institucional, y eso no se arregla rápido, a pesar de que una nueva administración trae un tanque de oxígeno que le permite incidir en la vida de sus gobernados", sostiene el experto.
Semanas antes de que tomaran posesión, el presidente Andrés Manuel López Obrador citó en Palacio Nacional a los gobernadores en funciones y a los electos de Morena para pedirles focalizar sus estrategias de seguridad en los 50 municipios más violentos, pues en ellos se concentra el 42% de los homicidios dolosos.
De los 50 municipios que la Secretaría de Seguridad Publica y Protección Ciudadana identifica como los más violentos, 23 se encuentran en los estados donde hubo relevo en la gubernatura.
Para Rodríguez, el hecho de que 11 de los 15 nuevos gobernadores sean del mismo partido que el presidente de la República, podría impactar en que haya una mejor colaboración del gobierno estatal con la federación.
“La gran mayoría de los nuevos gobernadores llegan con la ventaja de que son miembros del partido del presidente y hay una voluntad explícita de parte del gobierno federal de apoyarlos para mejorar sus índices de violencia”, sostiene.
David Saucedo, especialista en Seguridad pública, explica que varios de los nuevos gobernadores han declarado que reciben estados con graves problemas de seguridad pública por lo que han pedido incluso ayuda de la federación para que les envíe perfiles que pudieran encargarse de la seguridad pública de sus estados.
El especialista señala que algunos nuevos mandatarios se han encontrado con que las estructuras gubernamentales están penetradas por el narco.
“Estructuras criminales que pactaron con anterioridad con el poder están pidiendo un espacio porque hasta hace poco el poder era compartido con el narco…Hay el riesgo de que haya narcopresiones a las nuevas autoridades, si no ceden, puede darse de nuevo un fenómeno de violencia política”, sostiene.
Ante el clima de violencia que encontraron en sus estados, algunos gobernadores como el de Sonora, Alfonso Durazo, ha propuesto un modelo de seguridad similar al de la federación.
El morenista propuso constituir una Guardia estatal que tenga presencia en loas 72 municipios de estado y mando único. Su proyección es que en el primer año ese cuerpo de seguridad se componga de 1,000 o 2,000 elementos y hacia el termino de su administración sean 4,000 los uniformados.
“Vamos a hacer lo que hicimos para construir la Guardia Nacional, ajustarle el cinturón al gobierno, evitar el gasto superfluo y destinar todos los ahorros al tema de la seguridad, y así vamos a cumplir con este objetivo que el primer año costará alrededor de 800 millones de pesos”, dijo el pasado 13 de septiembre.
Al respecto, Carlos Rodríguez explica que lo propuesto por Durazo solo es una muestra de que algunos gobernadores buscarán replicar la técnica de gobierno federal a lo local.
“Van a alinearse con las directrices de abrazos, no balazos; van a recurrir a la Guardia Nacional”, destaca.
Con él coincide Saucedo quien afirma que al ser la mayor cantidad de gobernadores emanados de Morena, en lo local se prevé que se repliquen las acciones que impulsa el gobierno federal. Pero aclara que con ello la federación se quedara sin argumento para culpabilizar a los estados de la violencia, como lo hace actualmente el presidente con el gobierno Guanajuato.
“Vamos a ver si realmente hay cooperación entre gobiernos y estados, pero no lo habrá porque los capos de narco tienen alianzas regionales con policías estatales, con fiscalías, no es un asunto de partidos, sino de alianzas político-criminales”, destaca.
