La expresión "por una migración segura, ordenada y regular" es una de las banderas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que además presume "absoluto respeto" hacia las personas en tránsito que ingresan a territorio mexicano.
Pero las imágenes de lo que ocurre en la frontera sur muestran todo lo contrario: agentes que detienen por la fuerza a migrantes centroamericanos y haitianos, con niños en brazos; primero los empujan y una vez en el suelo, los patean y detienen.
Activistas consultados por Expansión Política coinciden en que, si bien la situación para los migrantes se agravó a partir del despliegue de la Guardia Nacional (GN) en las fronteras, del acuerdo al que llegó México con el entonces gobierno de Donald Trump y de la pandemia de COVID-19, también es consecuencia de las políticas migratorias en administraciones pasadas.
"En otras administraciones ya había situaciones de violencia sistemática hacia las personas migrantes, pero ahora se ha exacerbado porque hay nuevas dinámicas migratorias; esto es una continuidad en los ejercicios de represión, ahora con una nueva variable, que es la aparición de la 'Guardia Nacional migratoria'", señala Felipe Vargas, del Servicio Jesuita a Refugiados (SJR).
Eréndira Barco, de la organización Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados (SMR), refiere que en años anteriores a las caravanas migrantes que partían de Chiapas se les daba otro trato, desde la intención de garantizar su seguridad hasta permitirles el tránsito.
"En la actualidad hemos visto que esto no ocurre, sobre todo porque hay un enfoque de replegar a las caravanas en el sur, principalmente en Chiapas y Tabasco, donde de por sí no hay condiciones para la población (originaria), y ahora menos para las personas migrantes que llevan más de un año esperando sus trámites (de refugio)", menciona.
El SJR y SMR tienen oficinas en Chiapas, Tabasco y la Ciudad de México, puntos clave para los flujos migratorios que, dice Felipe Vargas, no necesariamente pretenden llegar a Estados Unidos, sino mantenerse a salvo en México.
Los dos colectivos ofrecen asesoría psicológica y jurídica a las personas en situación migratoria, así como apoyo especial a menores de edad no acompañados, mujeres embarazadas o aquellos que fueron víctimas de un delito.
A inicios de este mes, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó de que, del 1 de enero al 31 agosto, había identificado a 147,033 personas migrantes en "condición irregular" en el país.
En fechas recientes, un hombre que huyó de una situación de violencia en Honduras se acercó al Servicio Jesuita a Refugiados para recibir asesoría: su permiso en México estaba por vencer y no podía ingresar a un albergue porque estos solo reciben a familias, por lo que buscaba moverse hacia Tuxtla Gutiérrez, también en Chiapas, donde dijo tener un pariente. Pero la organización le recomendó no moverse de Tapachula.
"Las personas solicitantes de refugio tienen que esperar hasta seis meses para una respuesta, mientras tanto no pueden moverse de Tapachula, ni siquiera pueden salir a las calles porque empieza la redada y cualquier autoridad puede detenerlos. Es una situación complicada", lamenta Felipe Vargas.
Y en el centro del país la situación no es diferente. Eréndira Barco indica que a las personas migrantes que logran salir de Tapachula y llegan a la Ciudad de México, les quitan sus papeles. El tránsito incluso se le impide a quienes tienen un documento migratorio de la capital y pretenden trasladarse a otro estado.
"Tanto en Chiapas como en la Ciudad de México los están regresando a las localidades donde se ubicaban, y esto es con el propósito de que no suban hacia a Estados Unidos", expone.
La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) reporta que Chiapas concentra el 72% de las solicitudes en el país, y Tapachula es el municipio con más casos: 31,584 hasta agosto de este año, correspondientes a 55,005 personas.
De acuerdo con los datos oficiales, desde 2020 se empezaron a recibir más solicitudes de personas originarias de Honduras y Haití, cuando en años anteriores la mayoría de migrantes que llegaban a México eran originarios de Centroamérica y Cuba.
La gente está siendo prácticamente encarcelada en la ciudad de Tapachula; si te mueves un poquito ya te están deportando.
A esto se suma el hecho de que las personas migrantes deportadas por el gobierno de EU son devueltas a Tapachula, y que el sistema de asilo mexicano está colapsado por la propia negativa del gobierno de avanzar con los trámites.
"No es solo la gente que llega a la frontera sur, están también los vuelos de deportación que se hacen desde EU. Son hasta 150 personas a la semana que (las autoridades) abandonan en la frontera con Guatemala. Hay aviones con migrantes que parten de Monterrey, Reynosa, Tijuana y Hermosillo y que llegan directamente a Tapachula", señala Vargas, quien describe a la ciudad chiapaneca como "el cuello de botella" que en cualquier momento reventará.
El gobierno de EU reportó que, tan solo en julio pasado, detuvo en su frontera sur a 212,672 personas migrantes, la cifra más alta en 20 años.
El sistema de refugio en México se ha colapsado un poco más de lo que ya estaba.
Eréndira Barco menciona que a pesar de que México lleva más de un año con una "reactivación" ante el COVID-19, el gobierno todavía pone de pretexto la crisis sanitaria para no resolver algunos trámites de asilo.
"Nos preocupa mucho porque es una situación que se está gestando desde Estados Unidos, la cual México apoya con todos estos tratados migratorios que solo provocan que las personas se queden aglutinadas en espacios poco propicios", dice.
La activista enfatiza que las imágenes de migrantes reprimidos por agentes de la Guardia Nacional y del INM son resultado de estas fallas sistemáticas y de la falta de un enfoque derechos humanos por parte de estas autoridades.
"Estas imágenes en Tapachula son el boom, porque ya se agredió directamente a la población migrante, a los niños a las mujeres. Antes, las detenciones eran solo de personas que no podían demostrar su estatus migratorio, pero ahorita muchas sí tienen un estatus de solicitantes de refugiado y tampoco se les permite el tránsito", agrega.
Se está llevando a mucha gente a una burbuja, que es Tapachula y que ya no da para más.
Sobre toda esta situación, el presidente López Obrador declaró en conferencia de prensa que la dispersión de caravanas migrantes en la frontera sur es "para evitar una desgracia" en su camino hacia el norte.
También afirmó que la GN y el INM cumplen tareas de seguridad en favor de los migrantes —pues, dijo, están expuestos al crimen organizado—, que su gobierno respeta los derechos humanos y que insistiría a su homólogo estadounidense, Joe Biden, atender las causas de la migración y ofrecer visas temporales de trabajo.
Para Felipe Vargas y Eréndira Barco, las declaraciones del mandatario federal responden a un doble discurso: por un lado dice que no van a reprimir a migrantes, pero por otro lado les impiden continuar su trayecto y tampoco atienden las solicitudes de asilo.
En medio de la crisis migratoria, la Secretaría de Hacienda entregó un Paquete Económico 2022 en el que se proyecta un ligero aumento de presupuesto para la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados, pero un recorte para el INM.
Para la Comar se está solicitando un presupuesto de 45 millones 667,372 pesos para 2022, frente a los 44 millones 427,552 pesos que recibió este año.
Mientras que para el INM se estipula un gasto de 1,763 millones 425,212 pesos para el próximo año; en el actual ejercicio fiscal se le asignaron 1,764 millones 145,661 pesos.
Las organizaciones civiles piden que estos recursos sean empleados para desarrollar programas de regularización migratoria y ofrecer ayuda humanitaria. "Esto ayudaría a las personas que hoy están varadas en Chiapas", dice Felipe Vargas.
Eréndira Barco agrega que también es indispensable que al frente de las instituciones migratorias haya personas capacitadas en garantizar los derechos humanos, y no aquellas que respondan a "intereses políticos".
