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México tiene un subregistro de personas desaparecidas, ¿por qué es un problema?

Miles de desapariciones entre 2018 y 2020 no han sido investigadas conforme a la ley en la materia pues existen brechas entre la legislación y práctica, de acuerdo con un informe de la WOLA.
lun 30 agosto 2021 06:00 AM
México no ha investigado miles de investigaciones cometidas entre 2018 y 2020 conforme a los previsto en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, que entró en vigor hace tres años y medio, señala un informe de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
El subrregistro de personas desaparecidas impide que la Ley General de Desapariciones cumpla su propósito, que es erradicar y prevenir este delito, señala WOLA.

México no ha investigado miles de desapariciones cometidas entre 2018 y 2020 conforme a los previsto en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, que entró en vigor hace tres años, señala un informe de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

Esto implica que la justicia le falla a las víctimas de desaparición y a sus familias desde el primer momento del proceso, que es reconocer e investigar las desapariciones como delitos, señala la organización para los derechos humanos en el documento presentado hace unos días.

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“En el Registro Nacional de Personas Desparecidas y No Localizadas vemos que solo un porcentaje de las personas desaparecidas, menos de la tercera parte, están registradas como víctimas de algún delito concreto, cuando por tener la calidad de personas desaparecidas, todas son presuntas víctimas de delito”, dijo Stephanie Brewer, directora para México y Derechos de Migrantes de WOLA a Expansión.

Solo un 3.5% de los desaparecidos están registrados como víctimas de delitos de desaparición forzada o cometida por particulares, señala el organismo.

Esto refleja tanto omisiones de las autoridades a la hora de suministrar información al Registro y el subregistro impide que dicha base de datos alcance su potencial como herramienta de búsqueda e investigación.

“Hay brechas enormes, reales entre el número de personas desaparecidas en diversos estados y el número de investigaciones que se están iniciando por delitos de desaparición, al grado que en algunos estados estamos hablando de cientos, incluso de miles de personas reportadas como desaparecidas y solo una o seis o 10 o tal vez 25 investigaciones abiertas” entre 2020 y 2018, dijo Brewer.

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Según la directora para México de WOLA, esto puede deberse a dos razones. La primera es que las desapariciones están siendo investigadas como otros delitos “lo cual lleva a la fragmentación de las investigaciones” o que se investiguen bajo una figura jurídica inadecuada. La segunda opción es que estas desapariciones no sean investigadas como delitos.

 

“Encontramos en varias respuestas que hay fiscalías que tienen expedientes de personas localizadas, pero no necesariamente están relacionadas con algún delito”, explicó.

Para WOLA, esto va más allá de una formalidad, pues impide que muchos de los casos de desaparición puedan ser investigados, y así se alcance la verdad y la justicia. Más de 91,000 personas permanecen desaparecidas y no localizadas en México, según cifras oficiales, un número que va en ascenso.

“No se va a lograr revertir la crisis de desapariciones, pues la impunidad es de los factores más fundamentales que fomentan y permiten que siga esa crisis”, aseguró Brewer.

“Todos los datos disponibles muestran que la impunidad sigue, en general, no solo hablando de desapariciones, en niveles extremos, en donde realmente no es ha logrado un sistema de investigación, de esclarecimiento, de sanción, de los delitos en general”, agregó.

 

¿Falta de capacidad o de voluntad?

La razón de este subrregistro puede estar relacionada con una falta de capacidad institucional para investigar los delitos, pero también con la poca voluntad política que algunos actores han mostrado para resolver el tema.

“La pregunta siempre es ¿qué falta, capacidad o voluntad? Seguramente la respuesta suele ser una mezcla, es decir, seguramente faltan ambas cosas”, indicó Brewer.

WOLA lanzó una campaña para llamar a la acción a los gobiernos federal y estatales para aplicar la ley y garantizar el derecho a las familias a participar plenamente en la búsqueda e investigación.

Esta campaña coincide con el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición, que se conmemora este lunes 30 de agosto.

“Enviamos una carta a las autoridades, a la Comisión Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) y al Sistema Nacional de Búsqueda (SNB) haciendo de su conocimiento alguno de estos hallazgos y proponiendo que desde algunos de estos espacios de coordinación impulsen un ejercicio de diagnóstico y planes de acción”, dijo Brewer, quien indicó que WOLA aún no había recibido una respuesta de las autoridades mexicanas.

Una de las primeras acciones que los gobiernos en México deben llevar a cabo es diagnosticar si los problemas en el registro de desapariciones se deben a una falta de capacidad para identificar cuando la ausencia de una persona se trata de una desaparición.

 

Sobre la voluntad política, la especialista dijo que hace falta un liderazgo de Estado para impulsar que las herramientas y aparatos jurídicos creadas por las Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas sean implementados a nivel estatal y federal.

De acuerdo con Brewer, los niveles de violencia en México señalan la necesidad de fortalecer, profesionalizar y contar con un sistema de procuración de justicia con rendición de cuentas, algo que todavía es un pendiente del Estado Mexicano.

Los últimos tres presidentes de México —Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador— han privilegiado en su estrategia de seguridad el uso de la fuerza pública a través de una militarización, que ha tenido graves consecuencias en materia de derechos humanos, considera.

Para la especialista de WOLA, esta apuesta no podrá hacer que la crisis de desapariciones pueda ser resulta en el mediano y largo plazo.

“El uso de la fuerza siempre va a ser un componente del actuar de cualquier estado en cualquier momento, pero no va a poner fin a los fenómenos delictivos, no va a prevenir los fenómenos delictivos. La herramienta que sí puede desarticular, esclarecer, prevenir y reducir es a través de la investigación y la procuración de justicia”, dijo.

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