El caso Odebrecht se dio a conocer en 2016 cuando las empresas brasileñas Odebrecht y Braskem se declararon culpables ante la Corte Federal del Distrito de Nueva York por pagar sobornos a servidores públicos de diversos países, entre ellos México.
Revelaron que pagaron a “oficiales de alto nivel” en una empresa propiedad del Estado mexicano, para verse favorecidos en la asignación de un proyecto. Confesaron ante el gobierno de Estados Unidos estar involucrados en pagos de sobornos, mientras Emilio Lozoya Austin se desempeñaba como director general de Pemex.
Desde entonces, ciudadanos y organizaciones civiles han emprendido una lucha en contra de Emilio Lozoya, pero también de la Fiscalía General de la República (FGR), que se niega a entregar el expediente. Esto sucede mientras que en otros países, la investigación no solo es pública, sino que ha resultado en encarcelamientos de políticos prominentes, incluidos presidentes.
Emilio Lozoya incluso tramitó dos amparos en 2018 ante el Poder Judicial de la Federación para evitar que se revelara a la ciudadanía el expediente ya que según él, su difusión transgredería su derecho a la privacidad.
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La postura de la FGR que encabeza Alejandro Gertz Manero es igual a la del exdirector de Pemex que hoy investigan: hasta ahora, se niega a entregar la versión pública del expediente FED/SEIDF/CGI-CDMX//0000117/2017.
INAI: hay una luz tenue
Javier Acuña, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso la Información Pública (INAI) reveló a Expansión Política que hace dos semanas se comunicaron de la Fiscalía General de la República (FGR) quienes informaron que ya está terminada la versión pública por lo que podría conocerse finalmente después de estos años.
“Tenemos que ver si es una luz en el túnel, pero todavía no podemos decir si es una luz esperanzadora o de escasa intensidad”, dice.