La Fiscalía General de la República (FGR) tendrá que hacer frente a dos nuevos recursos constitucionales en su contra.
Este viernes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Congreso de Tamaulipas dieron a conocer que acudirán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para inconformarse, en el primer caso, por el decreto que expide la nueva Ley de la FGR , y en el segundo, por la orden de aprehensión girada en contra del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
El Congreso de Tamaulipas informó que volvió a promover una controversia ante la SCJN por el caso del gobernador, quien enfrenta una orden de aprehensión y es acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Los diputados locales señalaron que la orden emitida por un juez a favor de la FGR atenta en contra de la esfera constitucional del Poder Legislativo local.
El Congreso local resaltó que, previo a que esta orden de aprehensión fuera girada, los diputados de Tamaulipas ya habían determinado no homologar la declaración de procedencia aprobada por la mayoría de la Cámara de Diputados. "(Esto) implica que el gobernador del estado mantiene su fuero y por lo tanto no se puede girar ni ejecutar ninguna orden de aprehensión en su contra", indicó.
Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador también pidió a la Corte aclarar si el gobernador tiene o no fuero y establecer si es procedente su aprehensión.
Tras darse a conocer la nueva controversia del Congreso local, Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado, consideró que el estado vive una crisis institucional.
"La autoridad debe buscar soluciones consensuadas y actuar con objetividad. El estado merece reencauzarse y que se respete la ley", publicó el morenista en Twitter.
Este viernes, la CNDH lamentó la publicación de la nueva Ley de la FGR e informó que ya prepara una acción de inconstitucionalidad en su contra.
"En la nueva Ley de la FGR no se establece una obligación clara y fortalecida de la fiscalía frente a los mecanismos de derechos humanos, esto es, no se determina la autonomía de gestión de la Fiscalía General de la República, ni existe claridad o certeza jurídica sobre la forma en como participará en el Mecanismo de Apoyo al Exterior, en el que se incluye el Sistema Nacional de Búsqueda", argumentó la CNDH.
"Esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos se encuentra analizando, con organizaciones civiles y víctimas, el decreto de mérito en su totalidad, para detectar todos los vicios de inconstitucionalidad y promover la demanda de acción de inconstitucionalidad correspondiente ante nuestro máximo tribunal constitucional", concluyó el organismo autónomo.
La nueva Ley de la FGR fue propuesta en 2020 por el propio fiscal Alejandro Gertz, con el argumento de dar mayor autonomía al organismo. Sin embargo, desde hace varios meses, activistas y víctimas de violencia han manifestado su preocupación respecto de esta norma porque, según ellos, podría afectar la protección de los derechos humanos.
