Aunque se llevó a cabo un proceso de Parlamento Abierto, familiares de personas desaparecidas, colectivos y algunos legisladores señalan que es un retroceso para la procuración de justicia, pues - consideran- ignora a las víctimas y permitirá que la FGR se escude en su "autonomía" para incumplir acuerdos sobre violaciones a derechos humanos.
¿Por qué se abroga la ley orgánica?
El 14 de diciembre de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Con la nueva normativa desapareció la Procuraduría General de la República (PGR) y nació un órgano de justicia autónomo.
Pero más de un año después, a inicios de 2020, el fiscal Alejandro Gertz Manero envió al Senado una propuesta para adecuar de nuevo el marco jurídico del organismo. A partir de entonces, inició un Parlamento Abierto y la construcción del dictamen.
En la propuesta, Gertz Manero argumentó que la ley orgánica "carece de congruencia entre el dispositivo legal y la realidad fáctica", que han derivado en "fallas" en el funcionamiento de la FGR.
"El ejemplo primordial es la ausencia de una estructura orgánica funcional que permita a la Fiscalía General de la República ejercer la autonomía con la cual fue dotada. Entre otras deficiencias están la falta de un régimen de responsabilidades de los servidores públicos que incite al trabajo honesto, la carencia de un mecanismo dinámico entre los programas de trabajo y las actividades de las unidades administrativas, y la inexistencia de mecanismos de evaluación de resultados eficientes", se lee en el dictamen aprobado.
Además, se recalca la necesidad de fortalecer el esquema de Coordinación Interinstitucional y la creación de un Plan Estratégico de procuración de Justicia.
