La decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de abrir una carpeta de investigación en contra de los candidatos punteros a la gubernativa de Nuevo León, Adrián de la Garza y Samuel García por una presunta compra de votos y por presuntas aportaciones ilícitas, son muestra de que la institución encargada de la procuración de justicia no ha logrado su independencia y sigue siendo el brazo político del Poder Ejecutivo, advierten expertos.
“Las decisiones del fiscal deberían estar basadas en temas de política criminal, y desafortunadamente en este caso y otros como el de (Emilio) Lozoya, la Fiscalía no actúa de manera autónoma, lo que es muy grave porque es una institución que debería regirse por autonomía y tomar decisiones basadas en la Constitución y no en intereses del Ejecutivo o de otro tipo”, advierte Estefania Medina, cofundadora de la organización Tojil.
La FGR anunció la noche de este lunes que en respuesta a “un gran número de denuncias ciudadanas” respecto a que se está violando el artículo 19 de la Constitución, abrió dos carpetas contra los candidatos que encabezan las preferencias electorales rumbo a la elección del 6 de junio en Nuevo León.