En el caso de Adrián de la Garza, abanderado del PRI y PRD, por solicitar el voto de las mujeres a cambio de la entrega de una tarjeta rosa con la que, en caso de llegar a la gubernatura, entregará 1,500 pesos bimestrales, “lo cual significa la compra y coacción del voto”, considera.
En cuanto a otro candidato, Samuel García, respecto de quien se dijo se han recibido diversas denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera porque el abanderado, su padre, su esposa y su suegro han recibido aportaciones en dinero o en especie o bienes de origen ilícito, utilizados, en forma ilegal, para fines electorales.
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Al respecto, el experto en derecho penal, Octavio Martínez Camacho asegura que resulta “extraño” que a prácticamente tres semanas de que concluyan las campañas, la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), anuncie una investigación contra los candidatos punteros de Nuevo León, pues ello parece tener un trasfondo político.
No hemos llegado al punto donde la Fiscalía actué de manera autónoma plenamente”