Un Tribunal Colegiado resolvió que el exsenador Jorge Luis Lavalle Maury siga enfrentando su proceso desde la cárcel y rechazó otorgar una suspensión provisional.
El exlegislador panista argumentó en su recurso de queja que no se le otorgó la medida cautelar para enfrentar su caso en libertad, no obstante, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal declaró infundados los argumentos expuestos.
Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, vinculó a porceso al exsenador el 13 de abril.
Jorge Luis Lavalle Maury argumentó que la medida cautelar que se le impuso “afecta o daña irreparablemente a sus cuatro hijos”.
El exsenador fue imputado por la Fiscalía General de la República por su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa.
Lavalle Maury está acusado de recibir sobornos para aprobar la reforma energética durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, dinero que supuestamente distribuyó la constructora brasileña Odebrecht.
La resolución de los magistrados del Segundo Tribunal detalla que, respecto al supuesto daño a los hijos, “la suspensión en el juicio de amparo no tiene por efecto ordenar al juez de control dejar sin efectos la prisión preventiva justificada, con base en el interés superior del menor; ya que, con tal proceder se sobrepasarían los límites constitucionales, al privilegiar los derechos del menor y desatender la aplicación estricta de leyes que conforman el ordenamiento jurídico mexicano, los cual sería contrario a los principios de seguridad jurídica y legalidad contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución”, detalla el documento.
El caso Odebrecht surgió de una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, publicada el 21 de diciembre de 2016. En ésta se dio a conocer una serie de supuestos sobornos, por parte de la constructora brasileña Odebrecht, a funcionarios públicos de una docena de naciones: el proposito –según la investigación– era obtener beneficios en contrataciones y licitaciones.
Estados Unidos, África y, principalmente, América Latina, fueron las regiones donde Odebrecht sembró y cultivó su éxito por medio de sobornos.
Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, Panamá, Perú, República Dominica y México son los países de la región implicados en la red global de corrupción de Odebrecht.
Sobornos en México
Marcelo Odebrecht, CEO de la compañía constructora, multiplicó los ingresos de ésta entre el final del gobierno de la administración de Luiz Inácio Lula da Silva y el inicio del gobierno de Dilma Rousseff en Brasil.
El directivo fue detenido en junio de 2015, acusado de participar en un esquema de corrupción de la empresa Petrobras, y condenado a 19 años de cárcel. Fue entonces cuando el empresario comenzó a revelar las relaciones con mandatarios brasileños y extranjeros.
Odebrecht admitió haber pagado alrededor de 788 millones de dólares en sobornos a partidos, funcionarios e intermediarios de una docena de países entre 2001 y 2016.
En Estados Unidos la empresa brasileña tuvo que pagar una multa de tres mil 500 millones de dólares por las acusaciones, el monto más alto impuesto a una empresa en la historia.
En el caso de México, los sobornos se enfocaron principalmente en Pemex: la empresa brasileña habría ofrecido sumas de dinero a funcionarios de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, con 10.5 millones de dólares entre 2010 y 2014.
Son tres expresidentes, dos excandidatos presidenciales y 11 legisladores, además de operadores políticos, los que figuran en la denuncia del exdirector de Petróleos Mexicanos, imputado por corrupción en el caso de Odebrecht en México.
Además de Calderón y Peña Nieto, el exdirectivo mencionó a Carlos Salinas de Gortari, exfuncionarios y legisladores como José Antonio Meade, Ricardo Anaya, José Antonio González Anaya, David Penchyna, Ernesto Cordero, Francisco Domínguez Servién, Salvador Vega Casillas, José Luis Lavalle Maury y Francisco García Cabeza de Vaca, entre otros.
Hasta ahora, el exsenador panista Jorge Luis Lavalle es el único político preso por presuntamente haber recibido dinero para aprobar las reformas estructurales del gobierno de Enrique Peña Nieto.
