A poco más de un mes de iniciadas las campañas y a 26 días para las elecciones del 6 de junio, los casos registrados de violencia política contra las mujeres incrementaron 80%.
En el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS), que realiza el Instituto Nacional Electoral (INE), ya son 54 las quejas presentadas por ese motivo, de 31 que eran el 4 abril, al arranque de las campañas.
En tanto, la Unidad Técnica de lo Contencioso (UTCE) del INE ha iniciado 10 procedimientos especiales sancionadores, desde que inició el periodo de proselitismo electoral a la fecha, y las denunciantes son 6 candidatas postuladas de la coalición Va por México, Morena y Encuentro Solidario (PES).
Destacan los casos de las candidatas a diputadas federales Georgina Jiménez, de Morena, –el INE ordenó el retiro de publicaciones en Instagram– y Marianela Villanueva, abanderada de la Coalición Si por San Luis, quien señaló algunas publicaciones, en redes sociales y medios electrónicos, que podrían ser consideradas como violencia política por razón de género.
Otras que han presentado denuncias son la candidata morenista por Colima, Indira Vizcaíno, quien acusó a Movimiento Ciudadano; Alma Delia Sánchez, abanderada de Va por México a diputada federal en el Estado de México, que denunció a Morena por difundir mensajes en redes sociales que son discriminatorios y machistas, y Gabriela Escobar, quien busca una diputación federal por el PES.
De los casos de violencia política contra las mujeres que ya están en el RNPS, la entidad que registra más denuncias es Oaxaca.
Ahí se han presentado 19 casos, concentrados en 7 municipios, y hasta ahora solo en el municipio Santa Cruz Amilpas se ha fijado una sanción, consistente en la pérdida del carácter de poseer un modo honesto de vivir, indispensable para obtener el registro de una candidatura hasta el próximo proceso electoral local y federal.
De las denuncias, ocho se concentran en el municipio de San Cristóbal Amatlán, donde tres mujeres y cinco hombres fueron señalados por la indebida destitución de una funcionaria del cabildo, omisión de convocarla a sesiones e impedirle el ejercicio del cargo.
En el municipio de Villa de Zaáchila hay cinco acusados: tres varones y dos mujeres, que señalados por reducir la dieta de la denunciante, reasignar personal a su cargo, despojarle de espacio de trabajo e invisibilizarla en el desempeño de funciones.
La entidad con el segundo lugar en violencia contra las mujeres, al menos denunciada, es Veracruz: tiene 16 querellas. El caso más grave fue ubicado en el ayuntamiento de Altotonga, donde es acusado el alcalde Ernesto Ruiz Flandes, quien tiene el récord de quejas recibidas en su contra, con siete, pero su sanción ha sido solo el apercibimiento.
Este personaje ha sido señalado por vulneración al derecho del ejercicio del cargo, al negarse a notificar a la denunciante o avisarle en tiempo para que acuda a sesiones de cabildo. Campeche y Quintana Roo ocupan el tercer luga y cuarto sitio en la lista de entidades con casos denunciados de violencia política contra la mujer.
En la primera entidad los sancionados son consejeros estatales de Morena, tres mujeres y un hombre, a quienes se responsabilizó de publicaciones en Facebook, conversaciones y audios de Whatsapp, con expresiones que descalifican, ofenden y denigran el trabajo de la víctima en el ejercicio de un cargo partidista.
En Quinta Roo se acusó la difusión de mensajes, en publicidad impresa y redes sociales, con contenido sexual que atentaba en contra de la vida privada de la víctima.
En el RNPS, se evidencia que en 36 querellas la persona responsabilizada de ejercer violencia política contra mujeres es presidente municipal o funcionario de ese nivel de gobierno. También hay cuatro dirigentes partidistas, 3 directivos o propietarios de medios de comunicación y un periodista.
