Luis Pérez de Acha, abogado constitucionalista y exintegrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, señala que lo ideal es que el recurso de amparo sea una “excepción”, pero hoy es la “regla general", lo que es "un mal síntoma" de que no se está respetando la Carta Magna.
“Los grandes temas nacionales se están judicializando demasiado, afortunadamente lo tenemos (el juicio de amparo), pero desafortunadamente la alta judicialización de los casos, evidencia que el gobierno y el Congreso no están respetando por sí mismos la Constitución”, dice.
Es mal síntoma que tengamos que presentar tantos amparos. Es mal síntoma de que en la percepción ciudadana la Constitución no se está respetando y por lo tanto el único remedio que nos queda es el juicio de amparo.
La letra de la Ley de Amparo en lenguaje llano, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), describe este recurso como un “medio de defensa que las personas tenemos para proteger, ante los tribunales, los derechos que reconoce nuestra Constitución cuando consideramos que una autoridad los está violentando”.
Desde que se inició el gobierno de López Obrador, se empezaron a interponer estos recursos legales en obras emblemáticas de la administración. Sucedió con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en la base militar de Santa Lucía, el Tren Maya cuyos procesos están pendientes de resolver ante la SCJN, la última instancia en la materia.