“¿Hay menos delitos? A nosotros nos parece que no, sino que hay más cifra negra y que se inician menos procedimientos federales, de un año a otro casi 15,000 menos”, plantea Mara Gómez.
Pero también ha incrementado el rezago de trabajo de la FGR. En el 2019, el 66.3%, no tenía una respuesta de la Fiscalía, para 2019 ese porcentaje pasó a 71.7%.
En estos dos años también ha incrementado la prisión preventiva oficiosa, la cual se usa de manera indiscriminada. En 2018 se utilizó en 71% de los casos, mientras en 2019, en 83.8%.
Estefania Medina afirma que de acuerdo con el último informe que presentó el fiscal Gertz Manero, hay 63,000 casos que debieron cerrarse porque prescribieron y por lo tanto se quedaron impunes. Además, hay otras 63,000 carpetas de investigación archivadas porque ya no tienen otras líneas de investigación.
“Estas deficiencias no han cambiado, la FGR sigue con las mismas prácticas que ha tenido desde hace mucho tiempo”, comenta.
Falta independencia y transparencia
Las expertas consideran que, si bien la consolidación de la FGR tomará aún tiempo, la institución necesita trabajar en ser más transparente en sus procesos y toma de decisiones, aplicar su autonomía constitucional, y en implementar el plan de persecución penal , presentado en febrero de 2020 pero hasta ahora sin aplicar.
“Esta administración tiene el encargo de lograr esta transición de cambiar de un esquema operativo de una procuraduría que teníamos a una nueva fiscalía, lo cual creo que no ha acabado de ocurrir en la realidad”, plantea Estefanía Medina.
Mara Gómez explica que al proceder del Ejecutivo, es complicado que la Fiscalía General de la República sea autónoma en los hechos, pero en la ley, ya se le otorgó esa facultad, por lo que debe hacerla valer.
"La Fiscalía en México y muchos países pertenecen al Ejecutivo, así que hay cierto grado de dependencia, pero las decisiones técnicas y jurídicas tienen que ser autónomas y eso no se ve claro", subraya.
