El documento señala que al aceptar la implementación de este programa, “el gobierno mexicano se hizo cómplice de las políticas de crueldad desplegadas por la administración de Donald Trump”, aun cuando expuso que lo aceptó como una respuesta humanitaria y ofreció otorgar permisos de estancia, oportunidades laborales y servicios, lo cual no se ha visto reflejado.
“La administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a brindarles trabajo, acceso a la salud, a la vivienda y a educación. No cumplió. Cuarenta días después de aceptar dicho Programa, el 29 de enero de 2019, fue devuelta por Tijuana la primera persona. A octubre de 2020 suman 68,392 personas”, señalan las organizaciones.
El programa “Quédate en México” (Migration Protection Protocols –MPP) fue aceptado el 20 de diciembre de 2018 por el gobierno mexicano, a unos días de iniciar la actual administración. Pero a este se sumó el acuerdo firmado en junio de 2019, con el que México se comprometió a reducir la migración y aceptar a los solicitantes en la frontera norte, para que Trump no cumpliera su palabra de imponer aranceles.
El informe expone las vicisitudes y las violaciones a derechos humanos por parte del Instituto Nacional de Migración, la Policía Federal y la Guardia Nacional, que han sufrido los solicitantes de asilo en EU, quienes fueron obligados a permanecer en las ciudades fronterizas del norte de México -Tijuana y Mexicali (Baja California), Nogales (Sonora), Ciudad Juárez (Chihuahua), Nuevo Laredo y Matamoros (Tamaulipas).