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En 2 años, EU ha devuelto a más de 68,000 a México en espera de asilo

Con el programa Quédate en México, y el acuerdo entre ambos países de 2019 para frenar los aranceles, miles de migrantes han quedado desprotegidos, advierten organizaciones.
mié 16 diciembre 2020 06:58 PM
Migrantes COVID
Los solicitantes de asilo fueron retornados a México sin condiciones seguras.

A casi dos años de la implementación del programa Quédate en México, más de 68,000 personas solicitantes de asilo en Estados Unidos han sido enviadas al país para esperar la resolución de sus casos, donde enfrentan múltiples situaciones de riesgo social, que se agravaron con la pandemia de COVID-19.

Esta situación es alertada en el informe “En la boca del lobo. Contexto de riesgo y violaciones a derechos humanos de personas sujetas al Programa Quédate en México”, elaborado por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) en coordinación con el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), Asylum Access México (AAMX) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

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El documento señala que al aceptar la implementación de este programa, “el gobierno mexicano se hizo cómplice de las políticas de crueldad desplegadas por la administración de Donald Trump”, aun cuando expuso que lo aceptó como una respuesta humanitaria y ofreció otorgar permisos de estancia, oportunidades laborales y servicios, lo cual no se ha visto reflejado.

“La administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a brindarles trabajo, acceso a la salud, a la vivienda y a educación. No cumplió. Cuarenta días después de aceptar dicho Programa, el 29 de enero de 2019, fue devuelta por Tijuana la primera persona. A octubre de 2020 suman 68,392 personas”, señalan las organizaciones.

El programa “Quédate en México” (Migration Protection Protocols –MPP) fue aceptado el 20 de diciembre de 2018 por el gobierno mexicano, a unos días de iniciar la actual administración. Pero a este se sumó el acuerdo firmado en junio de 2019, con el que México se comprometió a reducir la migración y aceptar a los solicitantes en la frontera norte, para que Trump no cumpliera su palabra de imponer aranceles.

El informe expone las vicisitudes y las violaciones a derechos humanos por parte del Instituto Nacional de Migración, la Policía Federal y la Guardia Nacional, que han sufrido los solicitantes de asilo en EU, quienes fueron obligados a permanecer en las ciudades fronterizas del norte de México -Tijuana y Mexicali (Baja California), Nogales (Sonora), Ciudad Juárez (Chihuahua), Nuevo Laredo y Matamoros (Tamaulipas).

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De acuerdo con el monitoreo de Human Rights Firs (HRF), hasta el 13 de mayo 1,114 personas habían sido víctimas de secuestros, violación sexual, secuestros, extorsión, tortura y asesinato, y 256 niños y niñas, víctimas de secuestro o intento de.

Las organizaciones señalan que el acuerdo y el programa representan violaciones al derecho nacional e internacional en las que ha incurrido el Estado mexicano, por ejemplo al principio de no devolución, debido a que hay tratados que impiden que se retorno a las personas a sus países de origen, de donde salieron, principalmente, por condiciones de violencia.

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“Si regreso a mi país me matan”; “salimos en la madrugada porque ya nos habían amenazado, dejamos todo”; “a mi hermano lo mataron”; “querían que me uniera a la banda”; “mataron a mi esposo y a mi hijo”; “se llevaron a mi hija”, son algunos de los testimonios que recoge el informe de personas que huyeron de sus países y se han encontrado con lo mismo.

Al respecto emitieron una serie de recomendaciones y pidieron al gobierno entrante del presidente electo, Joe Biden, cumplir con su promesa de campaña de desmantelar este programa en sus primeros 100 días de gobierno.

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Recomendaciones al Estado mexicano:

  1. Construir una política migratoria autónoma de Estados Unidos, con base en estándares internacionales de protección de los derechos humanos, migrantes y de personas refugiadas.
  2. Derogar el Acuerdo migratorio entre México y EU y cesar la aplicación del Programa Quédate en México.
  3. Generar acciones urgentes para proteger a personas sujetas al programa ante el riesgo que se encuentran tanto por parte de los actores armados y el crimen organizado.
  4. Responder de manera adecuada y suficiente para evitar el contagio de COVID-19 en la población migrante, en la que se protocolos de prevención y atención a estos grupos.
  5. Fortalecer la inversión para la consolidación de un sistema de acogida integral, protección temporal e integración de las personas solicitantes de asilo.
  6. A los gobiernos federal y estatales en la frontera, tomar acciones en los campamentos improvisados y Estaciones Migratorias, donde ha habido casos de violaciones de derechos humanos.
  7. Que se rindan cuentas de estas dos estrategias, ya que el Poder Legislativo ha sido omiso en ello.
  8. Al Poder Judicial, emitir resoluciones sobre los juicios de amparo presentados para evaluar los actos violatorios cometidos a raíz de la firma del acuerdo.
  9. Impulsar estrategias regionales y globales para mitigar las consecuencias del Acuerdo Migratorio.
  10. Garantizar la incorporación de la sociedad civil y el acompañamiento de organismos internacionales en torno a la temática migratoria.
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