La decisión de Estados Unidos de retirar los cargos contra Cienfuegos y permitir que regresara a México como un hombre libre ha atraído la atención pública internacional a lo largo de la semana.
El general estaba acusado de proteger a un cártel que opera en Nayarit y Sinaloa, así como de lavado de dinero.
Cienfuegos fue detenido en octubre en el aeropuerto de Los Ángeles, en California. En las audiencias judiciales que tuvo tanto en esa ciudad como en Nueva York, se declaró inocente de los cargos que se le imputaban.
En México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desde entonces expresó descontento por no haber sido informado con anticipación acerca de las investigaciones contra el militar y de la intención de arrestarlo.
El martes pasado, tras conocerse que la Fiscalía General de Estados Unidos solicitaría el retiro de cargos, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, informó en una conferencia de prensa que México argumentó ante Washington que Cienfuegos tendría que ser investigado y procesado en territorio mexicano porque los delitos que se le atribuyen se cometieron aquí.
La mañana del miércoles, la jueza del caso aceptó el retiro de cargos. Horas después, Cienfuegos regresó en avión de Estados Unidos a México, donde la Fiscalía General de la República (FGR) le notificó que abrió una investigación sobre él, aunque el exmando militar pudo retirarse a su domicilio en libertad.
Expertos consultados por Expansión Política consideraron difícil que la FGR pueda proceder penalmente contra Cienfuegos, dado que las pruebas que Estados Unidos entregó a México, como comunicaciones interceptadas, carecerán de validez porque fueron obtenidas sin apego a las leyes mexicanas.
