Pero en su resolución, el juez consideró que el Ejecutivo no justificó adecuadamente el uso de las Fuerzas Armadas en tareas policiales, ni garantizó controles suficientes para limitar su actuar y proteger a la ciudadanía.
Además, expuso que argumentar que la Guardia Nacional "se encuentra en construcción" no es una justificación suficiente para usar a militares y marinos en seguridad pública, ni constituye una situación extraordinaria que permita concluir que su participación tendrá objetivos claros, tiempos determinados y lugares de acción específicos.
"(Es una) determinación claramente injustificada y desproporcional, si se toma en consideración que no todas las entidades federativas se encuentran en la misma situación de seguridad o inseguridad", agregó en su fallo.
El juzgador señaló que al extender las facultades de las Fuerzas Armadas hasta por cinco años, y en todo el territorio, el acuerdo incumple con los requisitos de temporalidad y delimitación geográfica que marca la Constitución.
También advirtió que, al ordenar la coordinación entre civiles y militares, se viola el requisito de subordinación a las fuerzas civiles igualmente estipulado en la Constitución.
Por ello, MUCD lanzó un nuevo llamado al presidente para abrogar el acuerdo, y al Congreso, para que emita una legislación apegada a derechos humanos.
