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Fuerzas Armadas en las calles, la continuación de una estrategia fallida

Tres expertos en seguridad pública afirman que, con su decreto sobre el uso de las Fuerzas Armadas, el presidente está continuando con la militarización que inició Felipe Calderón.
mar 12 mayo 2020 06:35 AM
Militarización
Militares

La promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de regresar al Ejército a los cuarteles, tendrá que esperar. Con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del acuerdo mediante el cual se ordena a las Fuerzas Armadas dedicarse a tareas de seguridad pública a partir de hoy y hasta el 27 de marzo de 2024 se está continuando con la militarización del país, estrategia que –a decir de los expertos– no ha dado resultados para pacificar el país.

Con más de 40,000 homicidios dolosos registrados en los primeros 17 meses del sexenio, el ejecutivo federal ordenó este lunes 11 de mayo que las Fuerzas Armadas participen de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública; sin embargo, lo anterior representa un riesgo de exacerbar la violencia, incrementar la violación a derechos humanos y una caída de investigaciones, alertan tres expertos en la materia consultados por Expansión Política: María Elena Morera, Alejandro Madrazo Lajous y Miguel Garza.

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Antes de este decreto, el pasado 26 de marzo, en el DOF fue publicado el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, en el que se definió que durante los cinco años siguientes mientras la Guardia Nacional desarrollaba su estructuras y capacidades podría disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

Sin embargo, lo publicado este lunes, establece que el Ejército y la Marina podrán realizar tareas de prevención de la comisión de delitos, salvaguardar la integridad de las personas y de su patrimonio y garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social, tareas que antes estuvieron a cargo de autoridades civiles.

Entrevistados por Expansión Política, tres especialistas en seguridad pública afirmaron que es preocupante continuar con la militarización de la seguridad pública, pues esa estrategia ya demostró que no dio resultados positivos.

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El acuerdo vino a despojar las máscaras del gobierno y mostrar que en la estrategia de seguridad habrá continuidad en la militarización del país que se ha implementado desde el sexenio de Felipe Calderón, afirma el investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y especialista en seguridad pública, Alejandro Madrazo Lajous.

“Este ya es un fuera máscaras. Y la militarización abierta a la seguridad pública que tanto habían negado cuando disfrazaron al Ejército de Guardia Nacional y nos trataron de decir que era una nueva institución. Ante lo que estamos es ante una salida del clóset del Ejército que se había mantenido en el clóset con etiquetado de Guardia Nacional cuando en realidad todos los sabíamos era entrenado por el Ejército, reclutado por el Ejército, pagado por el Ejército, equipado por el Ejército, pero con una etiqueta que decía Guardia Nacional”, aseguró.

Explica que continuar con la estrategia de militarización va a exacerbar el problema de seguridad pública por el que atraviesa el país.

“La militarización y centralización de la seguridad pública a lo largo de los últimos 15 años ha agravado la inseguridad al grado de darle proporciones epidémicas, lo que estamos haciendo es continuar y profundizar ese camino en vez de corregirlo”.
Alejandro Madrazo.

Para el especialista, si esta administración quisiera corregir la estrategia de los últimos tres lustros, debería estar fortaleciendo a las policías municipales y estatales y desmilitarizando, pero este acuerdo lo que proyecta es la centralización de la seguridad y la militarización de la seguridad como nunca se había hecho.

“López Obrador nos salió más calderonista que Felipe Calderón”, anota.

Madrazo Lajous considera que, si bien es una facultad del presidente López Obrador decidir sobre las Fuerzas Armadas, no debería ser de esta manera, por lo que se podría recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dar marcha atrás a este acuerdo.

“Él puede disponer de las Fuerzas Armadas, pero tiene que ser de forma regulada, fiscalizada, extraordinaria y subordinada. Todo eso es un mandato del Constituyente, no es china libre para el presidente para utilizar al Ejército como él quiera, tiene que hacerlo de la forma que la Constitución lo prescribe, para eso tiene que intervenir el Congreso. La Constitución es muy clara debe ser regulado, fiscalizado, subordinado y extraordinario ”, aclara.

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Para María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común, con el acuerdo, el presidente López Obrador está haciendo un uso ambiguo y discrecional de las Fuerzas Armadas.

“Nos sorprende el gobierno federal con acciones que subrayan una vocación completamente militarista, contraria a la Constitución y a la vía civil que hemos tenido los mexicanos en materia de seguridad pública y contraria a los derechos humanos".
María Elena Morera, presidenta de Causa en Común.

Señala que para recurrir a las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública se tendría que hacer de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, así lo marca la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos; sin embargo, en el acuerdo publicado este lunes nada de eso está considerado.

La experta por más de tres sexenios en la materia asegura fue un error del gobierno de López Obrador haber desaparecido la Policía Federal y concentrar todos los esfuerzos en la Guardia Nacional como el cuerpo que se encargaría de dar resultados en materia de seguridad pública.

“Por eso no se puede dar resultados en seguridad pública porque mientras nos dicen que hicieron una guardia civil, la realidad es que son militares, los militares tienen muchas funciones. Han hecho muchas cosas bien, pero no en seguridad pública”, comenta.

Desde su perspectiva, es un riesgo recurrir a la militarización del país porque no ha dado resultados en los últimos años y alertó que sin duda habrá mayor violación a los derechos humanos.

“Así no. Es muy grave. En lo único que hemos avanzado en este gobierno es en la militarización del país… con este decreto que manda el presidente le está dando abiertamente la seguridad a los militares y a los marinos”, indicó.

María Elena lamentó que estén aprovechando la pandemia por la que atraviesa México para militarizar al país.

Por su parte, el director del área de Investigación Aplicada en Policía, Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C, Miguel Garza, afirma que utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública se pone en evidencia una contradicción de fondo.

Por un lado, se presume el avance de la Guardia Nacional y, por el otro, manda la señal de que no está funcionando y que se requieren otras corporaciones para pacificar al país.

Adicionalmente, alerta que con este acuerdo el Ejército y la Marina podrán realizar las tareas de primer respondiente en los delitos que se cometan, ello como parte de sus nuevas facultades, pese a que en la mayor parte del país esa tarea ni siquiera es realizada por la Guardia Nacional en los estados.

Lo que podría pasar es que haya violaciones a derechos humanos, pero también que los procesos penales se caigan por errores en la detención, por errores en la puesta a disposición, por errores en el registro policial homologado, que no son un aspecto menor”, explicó.

Consideró que, ahora, a la sociedad civil le corresponde exigir que la Guardia Nacional quede constituida en el tiempo que el presidente de la República planteó para que en 2021 sea un cuerpo de seguridad eficiente, sólido, funcional y civil que desplace a la Marina y el Ejercito de las tareas de seguridad.

Plantea que es preocupante que al establecer que las Fuerzas Armadas pueden contribuir a tareas de seguridad hasta 2024, no se garantiza que la Guardia Nacional estará sólida institucionalmente.

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