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Nueve superdelegados buscarán convertirse en candidatos a una gubernatura

La figura de superdelegados no construye gobernadores, pero sí candidatos, lo anterior porque se trata de un puesto con poder y recursos económicos, consideran politólogos.
mié 14 octubre 2020 05:50 AM
Superdelegados
AMLO y los delegados federales de las 32 entidades que nombró al inicio del sexenio.

Al igual que sucedía en los tiempos del PRI, cuando el siguiente paso para un funcionario a cargo de programas sociales era ser candidato, los coordinadores de Programas Integrales de Desarrollo de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se alistan para dejar sus puestos en busca de una candidatura, aunque varios de ellos arrastran señalamientos de promoción con fines electorales, acoso sexual, corrupción y faltas administrativas en el manejo de recursos que ha llevado a la Secretaría de la Función Pública a investigarlos.

Para el proceso electoral de 2021, al menos nueve delegados estatales de la Secretaría del Bienestar están por dejar sus cargos con el objetivo de convertirse en candidatos: se trata de Pablo Amílcar Sandoval (Guerrero), Jesús Alejandro Ruiz (Baja California), Víctor Manuel Castro (Baja California Sur), Katia Meave (Campeche), Roberto Pantoja (Michoacán), Gabino Morales (San Luis Potosí), Manuel Peraza (Nayarit), Indira Vízcani (Colima) y Juan Carlos Loera (Chihuahua).

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Politólogos consultados por Expansión Política coinciden en que la figura de superdelegados se construyó como puestos con poder político a partir de contar con recursos económicos para repartir, y así, a nombre del gobierno, poder posicionarse frente a otros actores políticos.

De los nueve superdelegados que ya se mencionan como posibles abanderados de Morena, cinco tienen alguna acusación: promoción con fines electorales, irregularidades en el manejo de recursos y faltas administrativas al manejar de programas sociales; también se les involucra con el uso de información oficial para fines político-electorales y hasta hostigamiento y acoso sexual.

“Han hecho un uso propagandista y personal de los recursos públicos algunos de los superdelegados con miras a una carrera política más larga, pasándose a la gubernatura”, criticó la politóloga y profesora de la Universidad Iberoamericana, Ivonne Acuña.

Algunas de las carreras de los superdelegados han estado marcadas por polémicas. La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, informó durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados en enero de este año que ante esa institución habían sido presentadas 102 denuncias contra exdelegados y delegados del Bienestar, de las que 24 fueron concluidas sin elementos para continuar y ocho más ya estaban en proceso de fincar responsabilidades, aunque no aclaró contra qué funcionarios sí habían procedido.

“El cargo mismo les da la posibilidad de ser aspirantes naturales a la gubernatura de sus estados. Este cargo distorsiona las condiciones político-electorales del estado al generar aspirantes artificiales a puestos de elección popular”, afirmó Edgar Ortiz Arellano, politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México.

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Uno de los superdelegados que ya renunció a su cargo es Pablo Amílcar Sandoval, quien busca la nominación de Morena a la gubernatura del estado de Guerrero. El también hermano de la secretaria de la Función Pública ha sido denunciado por uso indebido de programas sociales e incluso por la promoción de su imagen para posicionarse como candidato.

“Renuncié porque creo que es tiempo de hacer política con el estándar moral más alto, y eso implica separar la política de Guerrero, de la política social que encabeza el presidente. Es una convicción personal que las cosas se hagan con honestidad y transparencia”, afirmó el pasado 1 de octubre.

Otra en plena búsqueda es Indira Vizcaíno, superdelegada en Colima. En su caso se trata de la superdelegada con más denuncias en contra ante la SFP.

A la también expresidenta municipal de Cuauhtémoc se le acusa de uso de recursos públicos para promover su imagen, de entrometerse en el trabajo legislativo al intentar imponer a María Elena Adriana Ruiz Visfocri en la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHEC), y de no cumplir con la entrega de programas sociales, según reportó la prensa local del estado .

Aunque hace unos días afirmó que aún valora competir por la candidatura a la gubernatura, Vizcaíno es ubicada en el primer lugar de las preferencias electorales rumbo al 2021, según algunas encuestas .

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En la lista de los superdelegados que se preparan para separarse de su cargo está Gabino Morales Mendoza, quien ha sido señalado de proferir amenazas, y realizar actos de hostigamiento y acoso sexual, así como por la utilización de programas sociales para posicionar su figura rumbo a las elecciones de 2021.

Diputados federales de Morena incluso pidieron su destitución, la cual no prosperó.

A unos días de que deje su cargo, ha rechazado esos señalamientos y ha vaticinado un triunfo contundente de Morena en el estado hoy gobernado por el PRI.

“Es inevitable ya el triunfo del pueblo de México, el movimiento está bien posicionado independientemente de cómo esté el partido (Morena)… el partido es el pueblo, no sus dirigentes, el movimiento está vivo y creemos que será un triunfo inevitable”, aseguró.

Juan Carlos Loera de la Rosa, el superdelegado de AMLO Chihuahua, es otro de los que alistan su salida de la Secretaría del Bienestar para contender por la gubernatura, hoy en manos del PAN. En su gestión, ha enfrentado denuncias de tráfico de influencias, nepotismo y peculado, aunque ninguna ha prosperado.

Las preferencias del morenista han crecido debido a que ha enfrentado al gobernador Javier Corral en el conflicto que el panista sostiene con el presidente López Obrador por la entrega de agua con Estados Unidos. Encuestas como Consulta Mitofsky , lo colocan entre los primeros lugares para reemplazar a Javier Corral.

Otro de los delegados identificado en campaña es Alejandro Ruiz Uribe, quien no ha tenido empacho en promocionar su imagen rumbo a la gubernatura de Baja California con el programa" Domingos de colado", mediante el cual se entregan apoyos a los ciudadanos para la edificación de sus viviendas con recursos del gobierno federal.

“Si este gobierno habla de honestidad e integridad y quiere dirigirse como una autoridad de carácter moral, debe postular a los mejores aspirantes, entonces deberían resolver primero estos señalamientos por su desempeño como servidores públicos”, destacó Ortiz Arellano.

Una figura polémica

Desde su creación, la figura de los llamados superdelegados generó polémica, debido a que la oposición aseguró que ese cargo serviría de plataforma para formar candidatos a gobernador. Así sucedió con Jaime Bonilla, quien antes de ser electo como titular del ejecutivo de Baja California, fue el delegado del gobierno de López Obrador en esa entidad.

Antes de iniciar su gobierno, López Obrador informó que desaparecería las delegaciones federales y en su lugar crearía 32 coordinaciones, las cuales concentrarían las funciones de hasta 20 delegados que había por entidad con los gobiernos anteriores.

Los primeros 32 coordinadores fueron dirigentes estatales de Morena (16), legisladores locales o federales (seis) y candidatos a puestos de elección popular (seis), entre ellos, cuatro a gobernador: Carlos Lomelí (Jalisco), Pablo Amílcar Sandoval (Guerrero), Delfina Gómez (Estado de México) y Joaquín Díaz Mena (Yucatán).

“Con esta figura el presidente quería amarrarle las manos a los gobernadores para que no pasara como con Enrique Peña Nieto, donde abusaban de los recursos públicos, pero es el colmo que iban a monitorearlos, pero ahora resulta que ellos necesitan que los monitoreen porque hacen mal uso de los recursos”, consideró Ivonne Acuña.

Además de rechazarlos, la oposición intentó poner “candados” para que los superdelegados no pudieran aspirar a un puesto de elección popular, pues temían que ese cargo se convirtiera en plataforma y no en un puesto de servicio público.

La diputada Dulce María Sauri presentó una iniciativa para establecer la prohibición constitucional de que participen como candidatos a la gubernatura del estado donde ejerzan su encomienda, a menos de que se separen tres años antes de la fecha de las elecciones, sin embargo su iniciativa no prosperó.

Para el politólogo de la UNAM, Rafael Morales, la figura de superdelegados no tiene por qué ser satanizada, pues, consideró, si un funcionario realiza una buena gestión, está en su derecho de aspirar a otro cargo.

“Constitucional y legalmente tienen todo el derecho para poder buscar una carrera política, desde luego beneficiándose por un trabajo previo. Es legítimo y meritorio, siempre y cuando hayan podido desempeñar correctamente la función para la que fueron designados”, consideró.

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