Una figura polémica
Desde su creación, la figura de los llamados superdelegados generó polémica, debido a que la oposición aseguró que ese cargo serviría de plataforma para formar candidatos a gobernador. Así sucedió con Jaime Bonilla, quien antes de ser electo como titular del ejecutivo de Baja California, fue el delegado del gobierno de López Obrador en esa entidad.
Antes de iniciar su gobierno, López Obrador informó que desaparecería las delegaciones federales y en su lugar crearía 32 coordinaciones, las cuales concentrarían las funciones de hasta 20 delegados que había por entidad con los gobiernos anteriores.
Los primeros 32 coordinadores fueron dirigentes estatales de Morena (16), legisladores locales o federales (seis) y candidatos a puestos de elección popular (seis), entre ellos, cuatro a gobernador: Carlos Lomelí (Jalisco), Pablo Amílcar Sandoval (Guerrero), Delfina Gómez (Estado de México) y Joaquín Díaz Mena (Yucatán).
“Con esta figura el presidente quería amarrarle las manos a los gobernadores para que no pasara como con Enrique Peña Nieto, donde abusaban de los recursos públicos, pero es el colmo que iban a monitorearlos, pero ahora resulta que ellos necesitan que los monitoreen porque hacen mal uso de los recursos”, consideró Ivonne Acuña.
Además de rechazarlos, la oposición intentó poner “candados” para que los superdelegados no pudieran aspirar a un puesto de elección popular, pues temían que ese cargo se convirtiera en plataforma y no en un puesto de servicio público.
La diputada Dulce María Sauri presentó una iniciativa para establecer la prohibición constitucional de que participen como candidatos a la gubernatura del estado donde ejerzan su encomienda, a menos de que se separen tres años antes de la fecha de las elecciones, sin embargo su iniciativa no prosperó.
Para el politólogo de la UNAM, Rafael Morales, la figura de superdelegados no tiene por qué ser satanizada, pues, consideró, si un funcionario realiza una buena gestión, está en su derecho de aspirar a otro cargo.
“Constitucional y legalmente tienen todo el derecho para poder buscar una carrera política, desde luego beneficiándose por un trabajo previo. Es legítimo y meritorio, siempre y cuando hayan podido desempeñar correctamente la función para la que fueron designados”, consideró.