La emergencia sanitaria por COVID-19 no frena a los migrantes de Centroamérica en su intensión de llegar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de vida. Pero en estos momentos, además de la enfermedad pandémica, se enfrentan a ser detenidos y sancionados.
La más reciente caravana con cientos de migrantes partió la noche del miércoles de San Pedro Sula, Honduras, rumbo a México; esto ocurre solo dos semanas después de la reapertura de fronteras en Guatemala.
Por ello, el gobierno mexicano ha anunciado sanciones contra los migrantes que incumplan las medidas sanitarias y pongan en riesgo de contagio a la población.
En un comunicado, el Instituto Nacional de Migración (INM) advirtió este jueves que los migrantes portadores de COVID-19 podrían recibir, según el estado en que sean detenidos, hasta 10 años de cárcel por incumplir estas medidas.
El Código Penal federal, indicó el Instituto, establece que será sancionado de tres días a tres años de prisión, "quien a sabiendas que está enfermo de un mal grave en período infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro".
Mientras que los códigos penales de Chiapas y de Tabasco —estados fronterizos del sureste del país— prevén penas de cinco a 10 años, agregó.
Asimismo, señaló que, en el marco de las medidas sanitarias, el gobierno de México ha instruido que todos los que hagan uso de las instalaciones del INM, como las áreas de internación deberán cumplir con los protocolos de salud.
"A efecto de cumplir lo establecido en la Ley de Migración, se realizan acciones de control, verificación y revisión de entrada, salida, tránsito y estancia de personas extranjeras en territorio nacional, a fin de promover una migración segura, ordenada y regular", puntualizó.
La actuación de las autoridades migratorias ha despertado críticas desde hace siete meses, cuando la pandemia llegó a México y se frenó el flujo migratorio debido al cierre de fronteras de norte a sur.
La Secretaría de Salud informó el 16 de agosto que un total de 385 migrantes habían dado positivo a la prueba de COVID-19, de los cuales 93 se encontraban en la Ciudad de México, 47 en Nuevo León y 31 en Chihuahua.
En septiembre pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) atribuyó al INM la muerte por COVID-19 de un migrante salvadoreño detenido en la Ciudad de México, donde se denunció "negligencia y omisión del personal".
Desde hace meses, activistas ya habían advertido del hacinamiento en las estaciones migratorias en México, que desde 2017 recibe presiones del gobierno estadounidense de Donald Trump para detener el avance de los migrantes.
En Estados Unidos, pese a que la pandemia, la Patrulla Fronteriza reportó 40,746 arrestos en julio, un aumento del 24% con respecto a junio y casi el doble de abril, cuando aprehendió a 17,086 migrantes.
Este jueves, la vicecanciller de Honduras, Nelly Jerez, afirmó que la caravana de más de "1,250 migrantes" que partió de su país rumbo a EU va a ser "nula", por lo que hizo un llamado a sus connacionales a no exponerse.
La funcionaria, quien se encuentra en una gira de trabajo en EU, expuso que la crisis sanitaria ha exacerbado la xenofobia contra los migrantes que buscan llegar a ese país, donde, dijo, "la posibilidad de que se queden es nula, aun con familias o niños".
Más tarde, las autoridades de Guatemala informaron sobre la deportación a Honduras de 110 integrantes de la caravana migrante que salió el miércoles de San Pedro Sula.
También reportaron que al menos 3,000 ciudadanos de Honduras cruzaron a Guatemala de manera "violenta".
-Con información de EFE.
