"¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?", es la pregunta que propuso el presidente en su solicitud a la Cámara de Senadores, la cual fue enviada a la Corte.
El proyecto del ministro Aguilar señala que el objeto de la consulta popular debe considerarse inconstitucional, pues "la materia que se solicita consultar" conlleva "una restricción de los derechos humanos" de los mexicanos y "una afectación a las garantías para su protección".
En el documento se explica que el artículo 35 de la Constitución establece que una consulta no debe atentar contra los derechos humanos de nadie.
También considera inconstitucional la solicitud ya que si el resultado de la consulta fuera en el sentido de no investigar, perseguir y sancionar los posibles delitos en los que hayan incurrido los exmandatarios, sería “un fraude a la constitución”.
