Organizaciones civiles urgieron a que México apruebe una reforma fiscal que dé recursos al sistema de salud y con ello lo saque de la "terapia intensiva" en la que se encuentra, incluso desde antes de que llegara la pandemia de COVID-19.
En una videoconferencia de prensa, expertos de cuatro agrupaciones especializadas en finanzas y políticas públicas señalaron que al sistema de salud de México "le urge una transfusión de recursos", que garantice a largo plazo una atención universal.
Rogelio Gómez Hermosillo, de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza; Judith Méndez, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP); Mariana Campos, de México Evalúa, y Rodolfo de la Torre, del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), recalaron que esta "transfusión" debe ser de al menos 3.5 puntos del PIB para 2021, equivalentes a 240,000 millones de pesos.
Aunque recalcaron que este sería un primer paso, plantearon que a largo plazo se requiere una reforma fiscal que aumente ese porcentaje de recursos hasta el 6% del PIB.
"Es necesario aumentar el gasto en salud del Presupuesto 2021, un punto del PIB garantizaría la igualdad en los servicios que proporciona el Instituto de Salud para el Bienestar con los servicios del IMSS, y así dar servicios equivalentes a mexicanos del sector formal e informal de la economía", dijo Gómez Hermosillo.
Campos advirtió que el gobierno gasta poco en salud, no solo porque el presupuesto es bajo en relación con el tamaño de la economía, sino también porque gasta menos de lo que el Congreso de la Unión le autoriza a erogar.
De la Torre aseguró que la reducción en el gasto en salud ha dejado un sistema debilitado, pues año con año la proporción ha disminuido: pasó de 3% del PIB en 2013 a 2.5% en 2020.
"Estamos viendo bajo gasto en salud, con una pobre organización y con una distribución que fomenta la desigualdad, con esto tenemos realmente una receta explosiva cuando se presenta una emergencia como la que estamos viviendo", destacó.
Gómez Hermosillo consideró que el acceso universal a salud implica que todas y todos puedan atenderse, sin importar afiliación laboral, el lugar donde vivan o su capacidad de pago.
"Encontramos un sistema excluyente, fragmentado, inequitativo y con calidad deficiente, que no previene ni cura las enfermedades; 20 millones de personas son excluidas al no estar afiliadas a un servicio de salud y más de la mitad de la población, 68 millones de personas, carecen de acceso a la seguridad social", dijo.
Los expertos insistieron en que existe una desigualdad en el gasto público entre subsistemas, pues los servicios de salud para las zonas más pobres reciben hasta 10 veces menos presupuesto.
"Por cada peso por persona beneficiaria de IMSS-Prospera, que atiende a las personas que viven en zonas rurales de alta marginación y rezago social, se destinan aproximadamente cuatro pesos por persona afiliada al IMSS, más de cinco pesos para las del ISSSTE, y cerca de 10 pesos para las afiliadas a servicios de salud de Pemex", apuntó Campos.
Los expertos insistieron en que esa es la razón por la que, a pesar de que este año México ha gastado en equipo e insumos para atender la emergencia sanitaria por COVID-19, estos fondos ahora "no han sido suficientes".
