Ante abusos policiales, piden retomar certificación única

El documento que avala que un policía está capacitado para esa función se compone de cuatro aspectos: evaluación de control de confianza, evaluación de competencias básicas o profesionales, evaluación del desempeño y evaluación de competencias policiales básicas como habilidades, destrezas y conocimientos de la función policial.

Sin embargo, hasta diciembre de 2019, el promedio de certificación policial a nivel nacional era de 46.3%. Los estados que más avance mostraban en la certificación de sus elementos de seguridad eran Querétaro (96.4%), seguido de Colima (86.9), Guanajuato (81.7%), Baja California (81.2%); mientras que en la parte final de la tabla se encontraban la Ciudad de México (14.3%), Baja California Sur (13.9%), Tlaxcala (13.2%) y Jalisco (2.7%).

En entrevista con Expansión Política, la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, explicó que por ley todos los policías deberían contar con un certificado que avale su formación, capacidades y confiabilidad o de lo contrario debieron dejar su cargo. Sin embargo, criticó que desde el gobierno de Enrique Peña Nieto cada vez son menos los uniformados que se certifican.

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“Esta ley es de 2008, Calderón la impulsó fuertemente, sin embargo, a partir de que entró Enrique Peña Nieto le bajaron al tema, hasta que llegó un momento con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que ya no se los exigen…Por eso es que los policías no funcionan en México, porque no es un tema de que un policía sea bueno o malo, es un tema de instrucción”, advirtió.

En 2008, cuando entró en vigor la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se otorgó un plazo de un año para que los elementos de seguridad del país se certificaran, sin embargo, a 11 años de distancia, se han otorgado tres prorrogas para cumplir con ese requisito. La última vence en marzo de 2021 .

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Morera consideró que hacer cumplir con la Certificación Única Policial es un asunto de voluntad política, porque los gobernantes solo se acuerdan de que tienen policías cuando suceden casos como el de Giovanni o Alexander, pero de otro modo no las contemplan para profesionalizarlos y para mejorarles sus condiciones laborales.

“Por lo menos tendríamos la certeza de saber quiénes trabajan en las instituciones porque en el caso de la policía de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, varios de los policías ni siquiera están adscritos a la corporación, lo cual es gravísimo”.

La activista y especislista en seguridad aclaró que para que una policía funcione bien, no basta solo con el Certificado Único Policial, pues se requiere que la institución cumpla con otros cuatro pilares:

1) Carrera policial
2) Profesionalización
3) Régimen disciplinario
4) Seguridad social complementaria

La coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez Piña, sostuvo que es necesario que se retome como requisito ineludible contar con el CUP para cada uno de los elementos de seguridad pública en el país, o de lo contrario sean removidos.

Comentó que, con la llegada de esta administración, se priorizaron recursos para la Guardia Nacional, olvidándose de las corporaciones policíacas locales, las cuales tienen que ser fortalecidas, pero ello no significa darles más armamento, sino capacitación y mejora salarial.

“Estamos llamando a que Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y al Sistema Nacional de Seguridad Pública, hagan una obligatoriedad la certificación policial para cada policía del país, estatal y municipal”, señaló.

Los gobiernos abandonaron a sus policías

Para David Ramírez, director de seguridad de la organización México Evalúa, el abuso policial es un problema recurrente y sistemático, que tiene su causa en el abandono de los gobiernos locales.

En ese sentido, explicó que, por años, los gobiernos no han destinado recursos en profesionalizar a las instituciones de seguridad y tampoco para mejorar sus condiciones salariales. En este gobierno, como la apuesta es la Guardia nacional, desde la federación hay muy pocos recursos para el fortalecimiento de las corporaciones locales.

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Políticamente, señala Ramírez también hay un mensaje claro por parte del presidente de que su prioridad la Guardia Nacional, que no cree que valga la pena invertir políticamente y menos financieramente en una reconstrucción seria y de mediano plazo de las policías del país.

De acuerdo con el experto en seguridad, para combatir el abuso policial se requiere sentar las bases de las instituciones de seguridad con la población, pero además que cumplan con la Certificación Única Policial.

“Necesitamos trabajar con las policías desde adentro como organizaciones que tengan en su ethos vincularse con la comunidad y generar confianza con los ciudadanos. Mientras eso no se haga, por más controles que existan, de todos modos, va a existir un problema de violencia policial”, destacó.

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Difícil saber frecuencia

Para Miguel Garza, director del área de Investigación aplicada en policía del Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C., Insyde, consideró que el abuso policial es un problema profundo, pero no es posible saber con qué frecuencia se comete, debido a que es una práctica discrecional.

“El uso de la fuerza se tiene que documentar para que la policía cada vez que hace una actuación donde resulta una persona lesionada, tendría que llenar un formato y sistematizar esa información y se pueda analizar, así podríamos saber, por ejemplo, ocho de 10 actuaciones son apegadas a derecho, y dos actuaciones son excesivas, pero eso no se puede saber ahorita porque no tenemos esa información”, planteó.

El experto consideró que el abuso policial es una práctica discrecional, y depende incluso a veces del comandante al mando.