Casos como el de Giovanni López, quien murió en mayo tras ser detenido y golpeado por policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, así como la represión en las protestas que derivaron del mismo, demuestran que los actos de abuso policial son sistemáticos en México.
Así lo expusieron este martes Luis Arriaga, rector del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), y otros especialistas, durante el seminario web "Abuso policial y derechos humanos".
"En el caso de la ejecución extrajudicial de Giovanni López hubo, además de excesivo uso de la fuerza y detención ilegal, opacidad y dilación policial (...) Lo privaron de una defensa conforme a derecho. Se trata de un grave caso de violación a los derechos humanos (...) Y en las manifestaciones por Giovanni se confirmó el carácter sistemático de los abusos policiales", resaltó Arriaga.
El rector puntualizó que, tanto en México como en Estados Unidos, las violaciones a los derechos humanos asociadas a los abusos policiales están marcadas por la impunidad, y expresó su preocupación de que el gobierno mexicano esté impulsando la militarización como estrategia de seguridad pública.
"La impunidad genera un entorno donde se sostienen los abusos policiales y las violaciones a derechos fundamentales", señaló Francisco Rivera, director de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Santa Clara, California.
Esta idea va ligada a que las propias leyes sobre el uso de la fuerza protegen a aquellos agentes que incurren en prácticas como la tortura.
"Tenemos una cultura de impunidad (...) Las leyes sobre el uso de la fuerza favorecen a la policía", dijo Barbara Frey, directora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad de Minnesota.
En su intervención, Juan Salgado, investigador del World Justice Project, advirtió que el sistema que rige a las policías es responsable de los abusos y las ejecuciones extrajudiciales.
El especialista enfatizó que la policía no actúa sola, sino bajo un sistema de justicia penal y en correlación con otras institucionales de poder.
"Tenemos corrupción arriba y corrupción abajo", resumió. "Los policías trabajan en una cadena de mando: un policía que es corrupto es porque hay un proceso de corrupción institucional. No se trata de una manzana podrida, se trata de un barril podrido".
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En México hay más casos como el de Giovanni López; por ejemplo, Nochixtlán, Tanhuato y Ayotzinapa, en los que las fuerzas de seguridad cometieron tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones.
De acuerdo con los especialistas, esto sucede por la impunidad sistemática y porque el Estado mexicano no se apega a los estándares más altos en materia de derechos humanos, indispensables para evitar los abusos policiales.
Por el contrario, destacó Salgado, a los policías se les imponen metas y objetivos para terminar con las incidencias, y mientras eso ocurra no habrá policías que se apeguen a derechos humanos.
La incidencia es buena para medir el delito, pero eso lleva a la policía a violar los derechos civiles".
El investigador del World Justice Project mencionó que un ejemplo de que los policías en México no están capacitados es Ixtlahuacán de los Membrillos, donde 54% de sus agentes no acreditó las pruebas de control de confianza y aun así continúa trabajando.
En ese municipio de Jalisco la policía tiene 32 elementos y el alcalde considera que tiene una "buena" corporación, pese a lo ocurrido con Giovanni López, dijo Salgado.
Asimismo, indicó que otro factor sobre los abusos policiales es que el gobierno mexicano destina más recursos a las corporaciones federales, cuando son las locales las que tienen más contacto directo con la ciudadanía.
"(Esto lleva a que) el 72% de los casos tortura o maltrato haya sido cometido durante la detención por parte de policías municipales", expuso.
Para Frey, este es un buen momento para que en México y en EU, por el caso de George Floyd, puedan darse reformas en materia de uso de la fuerza y derechos humanos, que no protejan a los policías que cometen abusos.
Rivera consideró que se deben redefinir los fondos para prevenir las circunstancias que permiten la delincuencia, no tanto para el momento de las detenciones.
"Hay que redefinir lo que significa seguridad ciudadana y lo que significa la participación de la fuerza armada, pero no de los militares", enfatizó.
El rector del ITESO concluyó que las estrategias policiales están vinculadas a abuso y corrupción y responden al poder en turno. Por ello, dijo Arriaga, "es fundamental crear mecanismos de responsabilización, así como instituciones autónomas con recursos sólidos".
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