La epidemia de COVID-19 provocará sobregastos en programas sociales

Como parte de las medidas para ayudar a las personas ante la emergencia de COVID-19, se autorizó el adelanto de dos apoyos para las personas de 65 años (si son indígenas) y 68 para la población en general para enfrentar la crisis.

Por ello, a principios de abril, los beneficiarios recibieron 5,240 pesos en total, correspondientes a los bimestres de marzo-abril y mayo-junio. Cerca de la nueva fecha para que reciban el siguiente pago, la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, dijo que analizan adelantar nuevamente la pensión.

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La directora de gasto público del CIEP, Sunny Villa, explica que durante el 2019 hubo un sobreejercicio en algunos programas sociales impulsados en la administración actual y que este año, con el anuncio de las medidas, por lo menos en el programa de adultos mayores, sucederá lo mismo.

“Con el anuncio de las medidas para paliar la crisis, vemos que por lo menos en el programa de adultos mayores, se les va a adelantar el pago de su pensión, esto implica que quizá a final de año, esta gente todavía va a necesitar más ese nuevo pago... entonces, va a ser necesario expandir el presupuesto asignado a este programa”, comenta.

De acuerdo con una análisis del CIEP, la Pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, en 2019, registró un ejercicio mayor a lo presupuestado de 13,068.5 millones de pesos; es decir, 13.1% más del presupuesto aprobado. Asimismo, cuenta con un presupuesto de 129,350.3 mdp para este año.

Al igual que la pensión, como una medida de apoyo económico ante la contingencia ocasionada por el COVID-19, a los beneficiarios de las Becas para el Bienestar Benito Juárez se les adelantó el pago del tercer bimestre, correspondiente a mayo y junio. Por lo tanto, para que los beneficiarios reciban apoyo durante el resto del 2020, también sería necesaria una extensión del presupuesto aprobado.

La importancia de los programas sociales con AMLO

El CIEP señala que los recursos destinados a los programas sociales demuestran la importancia que le da el gobierno actual a la política social. Mientras en el 2000, los programas representaron 1.24 % del gasto neto total, para 2020 absorbieron 5.8%.

No obstante, para cumplir sus objetivos, por lo menos en 2019, algunos de los programas requirieron más recursos de los que se les aprobaron. Producción para el Bienestar ejerció 23.7% más de lo que presupuestó, mientras que la Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez registró un ejercicio 45.0% más de lo aprobado, equivalente a 7,769.2 mdp, y Jóvenes escribiendo el futuro ejerció un presupuesto 43.8% mayor a lo aprobado, que representa 1,891.6 mdp.

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Villa asegura que el sobrejercicio refleja la importancia que tienen estos programas para la nueva administración, pero naturalmente van en detrimento de otros programas, porque “cuando unos ganan otros pierden”.

El análisis plantea que a diferencia de sus símiles en administraciones pasadas, los apoyos actuales carecen de condicionalidad, lo que da una mayor libertad para utilizar los recursos de acuerdo con sus necesidades y a reducir la pobreza a corto plazo, pero no garantiza que los beneficiarios gasten las transferencias en acciones que les permitan reducir la pobreza a largo plazo.

“El condicionamiento trataba de asegurarse que estos recursos fueran romper el circulo vicioso de la pobreza, el apoyo estaba condicionado visitas de salud, algunas becas condicionaban el promedio, con estos nuevos programas solamente se apuesta a la buena voluntad de las personas, que van a atender, van a ir a atender su salud, pero no hay evidencia que esto esté sucediendo”, dice Villa.

La experta en gasto público comenta que todavía hay algunas cosas que replantear, además de pensar en una política social que solamente se enfoque en darle dinero a las personas, como fortalecer la infraestructura, sobre todo la infraestructura social, e incluso contar con un padrón de beneficiario confiable y certero, para que los recursos se usen de manera más eficiente.

“Como país tenemos un pendiente en tener un sistema de identificación único, ese es el gran pendiente para realmente poder estar dando de manera eficiente estos apoyos”, dice.