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¿Quién debe mitigar la pandemia, estados o federación?, la nueva confrontación

Expertos afirman que la federación cedió a la presión de los mandatarios estatales en la definición del semáforo sanitario, pero a cambio los hace corresponsables del éxito o fracaso de la estrategia.
vie 05 junio 2020 05:45 AM
Segob
ACUERDOS. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, y los gobernadores acordaron que todos los martes se les informará sobre los criterios con los que se les asignó a sus estados un color en el semáforo epidemiológico.

Tras varios días de desencuentros y señalamientos, los gobernadores y la federación alcanzaron un acuerdo para apegarse a un semáforo epidemiológico único para la reapertura de las actividades económicas y sociales; sin embargo, se abrió un nuevo frente: los mandatarios acusan que se les quiere trasladar la responsabilidad de mitigar la pandemia, una facultad que le corresponde constitucionalmente al gobierno de México.

Expertos constitucionalistas consultados por Expansión Política afirman que es responsabilidad de la Federación definir las medidas de mitigación de la pandemia, pues así está en la ley; sin embargo, consideran que al ser diferentes los escenarios de contagios y muertes en cada entidad, los estados podrían determinar sus propias acciones, siempre y cuando estén en armonía con las que se decretan a nivel federal. Exponen que, hasta cierto punto, la federación cedió a la presión de los mandatarios en lo que se refiere a la integración del semáforo, pero a cambio los hace corresponsables del éxito o fracaso de la estrategia contra el COVID-19.

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¿Qué dice la ley?

En su artículo 180, la Ley General de Salud establece que “en caso de epidemia de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia o catástrofe que afecten al país, la Secretaría de Salud dictará inmediatamente las medidas indispensables para prevenir y combatir los daños a la salud”.

¿Qué tensiones se han generado?

Desde que inició la epidemia de COVID-19, los gobernadores han sostenido diversos desencuentros con la federación. Pimero porque no se registraba el número correcto de muertos por coronavirus, luego por la llegada de material de protección para los médicos, también porque no se les permitía hacer pruebas para detectar contagios y, más recientemente, por el plan de reapertura de las actividades económicas y sociales, contra el que incluso se formó un bloque de siete mandatarios.

Por tres horas y media, el pasado martes, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sostuvo una reunión virtual con 30 de los 32 gobernadores del país, encuentro en el que también participó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

La reunión se dio luego de que varios gobernadores manifestaran su molestia por no conocer los indicadores con los que las autoridades federales asignaban un color a sus estados en el semáforo epidemiológico y que definiría qué actividades podrían retomarse en la llamada nueva normalidad.

En el encuentro, se acordó que los estados se apegarían a un semáforo único, pero los martes serían notificados sobre el color que les correspondería y sobre los criterios que se consideraron para definir su nivel de riesgo frente a la pandemia. Los miércoles y jueves podrían dialogar y negociar con la federación en caso de desacuerdos y el viernes sería publicado el semáforo epidemiológico.

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Sin embargo, la secretaria Olga Sánchez Cordero afirmó que, en caso de discrepancias entre las partes, prevalecería el criterio del gobierno local. A algunos gobernadores no les gustó esta noticia porque consideran que la federación quiere cederles responsabilidades y éstos no cuentan con reglas, presupuesto o marco jurídico sanitario a seguir.

“Con la estrategia ‘Nueva Normalidad’ y su semaforización por entidades, el Gobierno de México está trasladando a los estados la responsabilidad de decidir e imponer la restricción de actividades y medidas de control, según cada entidad interprete el alcance de la semaforización federal”, escribió en Twitter el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

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¿En quién recae la responsabilidad?

El Consejo de Salubridad General, máxima autoridad de salud, sesionó el 19 de marzo, y entre los acuerdos, definió que la Secretaría de Salud sería la encargada de establecer las medidas necesarias para la prevención y control de la epidemia de COVID, en consenso con las dependencias y entidades involucradas en su aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas de inicio y término de las mismas, así como su extensión territorial.

Y en el acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas publicado el pasado 29 de mayo también se señala que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán mantener coordinación con la Secretaría de Salud, para la instrumentación de las medidas preventivas en el retorno a las actividades productivas y sociales.

¿Qué dicen los expertos?

Octavio Martínez Camacho, doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y Francisco Jiménez Reynoso, profesor e investigador de la división de estudios jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, coinciden que la pandemia ha servido para sacar “raja política” rumbo a las elecciones de 2021 y evidenciar que el federalismo no está funcionando como se esperaba.

Primeramente, Martínez Camacho explica que la federación establece la directriz y los estados pueden ejercer su facultad de establecer medidas específicas.

Ahora estamos viendo falta de coordinación. Hay una pauta general, pero hay confrontaciones, no hay integraciones, entonces se vuelve un relajo”.
Octavio Martínez Camacho, doctor en Derecho por la UNAM.

A decir del experto, la pandemia está demostrando que el pacto federal no está funcionando correctamente y que los gobernadores lo defienden solo cuando así conviene a sus intereses.

“Es necesario reformular el federalismo para tener claro hasta dónde es competencia del estado, dónde de la federación o dónde es concurrencia. Aquí es una obligación de ambos. Los estados no lo quieren hacer porque no tienen sistemas de salud estatales fuertes, por eso se oponen y ponen el grito en el cielo”, explica.

Rumbo a las elecciones de 2021, lo bueno o malo que deje la pandemia, considera Martínez Camacho, será aprovechado por los actores políticos para intentar sacar ventaja en el proceso intermedio donde se renovará la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas.

El experto considera que los gobernadores de ninguna manera quieren cargar con la responsabilidad de rebrotes o muertes que se generen en el regreso a la nueva normalidad, por ello piden que sea la federación la que se encargue de definir las medidas para mitigar la pandemia.

Por su parte, Francisco Jiménez Reynoso resalta que la ley es muy clara cuando se presenta una pandemia; explica que debe haber un mando conductor representado por la federación, sin embargo, por diferencias políticas, los gobiernos estatales han querido implementar sus propios semáforos.

No han podido entender que no están en campaña, que son autoridades electas y que tienen que trabajar coordinadamente”,
Francisco Jiménez Reynoso, profesor de la UdeG.

Opina que éstos no son tiempos de rebelión, insubordinación o protagonismos políticos de los estados hacia la federación, por lo que los gobernadores deberían respetar el marco legal constitucional que da la facultad de la conducción y mitigación de la pandemia a la federación.

“El Consejo de Salubridad General debe tomar las decisiones a nivel nacional, no debe haber semáforos individuales y que todos los gobernadores deben ser altamente responsables para nutrir con información real a la federación para que se puedan definir el semáforo a nivel federal”, destaca.

Afirma que la reunión de la secretaria Sánchez Cordero con los gobernadores para acordar informarles previamente sobre el color que tendrá su entidad en el semáforo puede ser muestra de que la federación cedió a la presión que ejercieron los mandatarios estatales, pero también para que se les responsabilice si el número de muertos aumenta considerablemente.

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