“Nuestra idea no es que no entren las fuerzas armadas, es que el trabajo tiene que ser coordinado. Hoy en Colima el trabajo ha sido coordinado, pero este acuerdo prácticamente lo que se hace es decirle, a las policías locales: 'hazte a un lado que ahí te voy'. No estamos en contra del Ejército, pero nosotros pedimos coordinación, no subordinación”, afirmó en entrevista con Expansión Política.
Debido a ello, el alcalde presentó la controversia ante la SCJN y será la ministra Margarita Ríos-Farjat, quien decida si se acepta el recurso para su análisis o no.
El presidente municipal de la capital del estado con mayor número de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, 24.7, Colima (la media nacional es de 6.7), destacó que su decisión de ir a la Corte se basa en que el acuerdo no deja en claro que las Fuerzas Armadas deberán coordinarse a la autoridad civil.
"Con el Ejército hemos hecho operativos coordinados, pero nunca subordinada la autoridad municipal a la militar, siempre ha sido en coordinación de acuerdo con la constitución. El acuerdo va en sentido contrario, por eso vemos un alto riesgo. Confiamos en que la Suprema Corte de Justicia nos dará la razón", destacó.
El alcalde emanado de Movimiento Ciudadano destacó que están de acuerdo de que el Ejército coadyuve en tareas de seguridad pública, pero siempre en coordinación y no subordinación.
No podemos sustituir la responsabilidad constitucional que tiene la autoridad local con lo que mandata este acuerdo del presidente de la República”.
Leoncio Morán, presidente municipal de Colima.
¿Qué permite el acuerdo?
El pasado 11 de mayo, en el Diario Oficial de la Federación, el presidente de la República publicó el acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública, con el cual se permite el despliegue del Ejército desde el 12 de mayo hasta el 27 de marzo de 2024.
El acuerdo faculta a las Fuerzas Armadas llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera "extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria", por lo que podrán participar en salvaguardar la integridad de las personas y de su patrimonio; garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social, así como prevenir la comisión de delitos en espacios públicos.
En el punto cuarto del acuerdo se establece que “se instruye al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para coordinarse con los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina para definir la forma en que las actividades de la Fuerza Armada permanente complementarán la función de la Guardia Nacional”.
Además se les faculta a realizar la detención de personas y el aseguramiento de bienes relacionados con hechos delictivos.
Este acuerdo ha causado críticas hacia el gobierno del presidente López Obrador al considerar que está militarizando al país, aunque hay especialistas es seguridad púbica como Eduardo Guerrero que afirman que, con la creación de la Guardia Nacional, el presidente ya había de adelantado que el Ejército seguiría en las calles .
