Baja California, la Ciudad de México y Tamaulipas suman más del 50% de los 46 casos confirmados de COVID-19 en la población migrante que han sido identificados hasta la fecha, de acuerdo con un informe de la Secretaría de Salud.
Asimismo, se han registrado tres defunciones, en personas cuyos países de origen son: Chile, El Salvador y Grecia. Todos corresponden a hombres cuyas edades oscilaban los 46, 58 y 60 años. Solamente uno de ellos tenía como antecedente de riesgo, diabetes.
La Secretaría señala que los migrantes y las personas en movimiento enfrentan las mismas amenazas de salud ante el COVID-19 que las poblaciones a donde llegan, pero pueden ser más vulnerables debido a las circunstancias de su viaje y las condiciones de vida y trabajo en las que pueden encontrarse.
“Muchos de ellos se encuentran además con obstáculos para acceder a la atención médica, barreras lingüísticas y culturales entre otros, así como medidas regulatorias que pueden variar en cada país. Se ha identificado que si un migrante teme la deportación, la separación familiar o la detención, podría estar menos dispuesto a la atención médica, no acceder a ella o no proporcionar información sobre su estado de salud”, alerta el reporte.
Hasta el 1 de junio, se identificaron 46 personas positivas a SARS-CoV-2 cuya nacionalidad es extranjera y reportaron ser migrantes, y cuya fecha de ingreso al país fue a partir del primero de enero de 2020. Estos casos fueron notificados en 18 entidades del país:
No obstante, las cifras difieren de lo reportado, por ejemplo en Tamaulipas, donde el pasado 20 de abril informaron que al menos 16 migrantes originarios de Centroamérica, Cuba y Camerún dieron positivo a la prueba de coronavirus en un albergue .
De acuerdo con el gobierno de Tamaulipas, estos positivos en la entidad fueron deportados desde Estados Unidos. Las autoridades informaron a través de un comunicado que los casos confirmados corresponden a seis migrantes originarios de Honduras, uno de Guatemala, tres de Cuba, uno de Camerún, y uno sin identificar.
En el sureste del país —donde se concentran varios grupos en albergues y centros de migración— solo se han registrado ocho casos: cuatro en Tabasco, aun cuando es una de las entidades más afectadas por el COVID-19 con 4,609 casos y 562 defunciones, y dos en Chiapas y Oaxaca.
Mientras que las entidades donde hay más migrantes detectados coinciden con las que reportan el mayor número de casos a nivel nacional. En Baja California, con focos rojos como Tijuana y Mexicali, se reportan 5,231 casos y 879 decesos totales, cuando la Ciudad de México tiene 26,509 positivos y 2,850 fallecimientos.
Respecto a los confirmados por la Secretaría de Salud, la mayoría se encuentra en el grupo de edad de los 40 a 59 años, mientras que el 74% son del sexo masculino y 26% del femenino.
Tres cuartas partes de los casos se han clasificado como ambulatorios y la atención se ha brindado básicamente por la Secretaría de Salud y solo en tres casos en institución privada.
Respecto a la sintomatología que presentaron, no difiere mucho de lo reportado en la población general en el país donde la tos, cefalea y fiebre fueron las más señaladas.
En cuanto a las comorbilidades reportadas, fueron principalmente asma, hipertensión y obesidad. En estos casos la diabetes solamente se mencionó en tres pacientes.
Además de la Secretaría de Salud, otros organismos internacionales y de la sociedad civil han alertado del riesgo que tiene la población migrante de enfermar de COVID-19, sobre todo porque se encuentra en situaciones vulnerables.
Organismos como OXFAM, The Bridge, KIND, Amnistía Internacional, IMUMI, entre otros, denunciaron que las prácticas de deportación y expulsión de Estados Unidos durante la pandemia de COVID-19 exponen, sin precauciones, a toda la región a un mayor riesgo de contagio de coronavirus.
En un comunicado plantearon que tras la declaración de la pandemia, la administración del presidente estadounidense Donald Trump ha tomado medidas como suspender el proceso de asilo, pausar la mayoría de los casos ante las cortes migratorias y emitir restricciones de viaje amplias, al mismo tiempo sigue llevando a cabo miles de deportaciones.
Las organizaciones comentaron que Estados Unidos ha operado cientos de vuelos de deportación a diversos países, entre ellos a muchos países cuyos sistemas de salud—que ya enfrentaban serias dificultades—podrían colapsar como resultado del COVID-19.
Además se confirmó que más de 100 personas deportadas dieron positivo en pruebas de coronavirus, muchas veces después de haber sido detenidas en condiciones inseguras en centros de ese país, sin acceso adecuado a pruebas ni a atención médica.
Por ello han pedido al gobierno estadounidense adoptar de manera inmediata una suspensión temporal de todas las deportaciones debido al COVID-19 y detener las expulsiones ilegales de personas que buscan seguridad en la frontera.
