El pasado 28 de diciembre, el tren con 241 pasajeros se descarriló en el municipio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, a la altura del poblado de Nizanda, con un saldo de 13 personas fallecidas y 98 lesionadas, cinco de de gravedad.
Una de dos locomotoras y un vagón cayeron a un barranco justo en una de las áreas con curvas en las que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) había realizado, durante la construcción, observaciones como la necesidad de estabilización del terreno.
Por eso el vicecoordinador de la bancada del PAN, Federico Döring, planteó que “es fundamental que la justicia garantice la no repetición.
“No queremos que solo la reparación del daño a las familias sea una indemnización económica. Queremos que los responsables de la Secretaría de Marina, del gobierno anterior y del actual gobierno que no supieron cuidar la vida de los mexicanos, que compraron trenes chatarra, que no remediaron las instalaciones físicas, como lo señaló la Auditoría Superior de la Federación a tiempo de que se pudieran evitar tragedias como la del 28 de diciembre, todos respondan ante la justicia”, dijo.
La estrategia del PAN consistió en un paquete de tres denuncias, las primeras de una serie que promoverán en exigencia de justicia, expuso.
Las denuncias presentada este martes son una ante la Fiscalía General de la República (FGR), una queja ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y una querella ante ls Secretaría Anticorrupción por presuntos contratos irregulares, sobreprecios y desvíos de recursos públicos en torno a la megaobra.
En el caso de la ASF en el documento se exige la realización de una auditoría especial a esa infraestructura y la participación de auditores externos expertos en ese tipo de obra, además de seguimiento a las revisiones que desde 2019 a 2023 derivaron en observaciones de la ASF por 71.5 millones de pesos.
“Por los antecedentes que se tienen, ya vimos que ya había observaciones y que no se estaba haciendo el uso debido de los recursos públicos de los mexicanos”,declaró el diputado Héctor Saúl Téllez .
“Pedimos la actuación inmediata de estas instituciones. Tienen que ir a fondo para sancionar de forma ejemplar a todas las empresas y proveedores amigos del clan de la familia López Beltrán, en donde el supervisor honorario fue Bobby López Beltrán y a ese clan de amigos como Amilcar Olán que fueron beneficiados con este tipo de contratos”, agregó.
La mención al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador obedece a que de acuerdo audios revelados por Latinus, uno de sus cercanos, Pedro Salazar, habría recibido contratos para dotar de balastro (grava) para las vía del tren siniestrado.
