En medio de la crisis económica por el COVID-19 y en la antesala para las elecciones de 2021, algunos gobernadores han reabierto el debate sobre el actual pacto fiscal, por el cual los estados reciben recursos de la Federación, que equivalen a aproximadamente el 90% de sus ingresos.
Ante el llamado de los gobernadores –principalmente del PAN– el presidente Andrés Manuel dijo estar dispuesto a revisar el acuerdo con el que se reparten los recursos, pero pidió a los mandatarios austeridad.
La petición de al menos siete gobernadores, Francisco Javier Cabeza de Vaca (PAN), de Tamaulipas; Jaime Rodríguez Calderón (Independiente), de Nuevo León; Miguel Ángel Riquelme (PRI), de Coahuila, Enrique Alfaro (MC), de Jalisco; Silvano Aureoles (PRD), de Michoacán; José Rosas Aispuro (PAN), de Durango, y José Ignacio Peralta (PRI), Colima, podría traer beneficios para algunas entidades y desventajas para otros.
José Carlos Rodríguez Pueblita, socio fundador de Pondera, explica que el pacto fiscal ha ayudado a reducir las brechas de desigualdad en los estados, ya que los más ricos, como Jalisco o Nuevo León, “transfieren” recursos a los más pobres, como Oaxaca y Chiapas; sin embargo, esto también ha permitido que haya diferencias sustanciales en la recaudación de cada entidad.
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en 2020 se estiman más de dos billones de pesos en ingresos totales de las entidades, de los cuales 1.7 billones son transferidos por el gobierno federal a través de aportaciones (759,760 mdp), destinadas a fortalecer a las entidades en temas como salud, educación, seguridad, entre otros, que son recursos etiquetados, y participaciones (948,747 mdp), las cuales buscan incrementar el crecimiento económico y el esfuerzo recaudatorio de cada entidad.
Estas últimas se distribuyen a través de una fórmula contemplada en la Ley de Coordinación Fiascal que contempla la recaudación de las entidades, el PIB, la población, entre otros elementos. Eso es lo que ha inconformado a algunos mandatarios quienes argumentan que los recursos que reciben son pocos en comparación a lo que la Federación recauda en sus territorios.
Antonio Andreú, académico de la Universidad Panamericana, detalla en un artículo en Expansión Política, la diferencia entre lo que reciben y recaudan. Por ejemplo, la Ciudad de México, recibe transferencias por 20,778 mdp, mientras su recaudación es de 164,608 mdp, por lo que “perdería” más de 143,830 mdp.
Otros casos como a Tamaulipas que en 2019, recaudó 63,356 mdp y recibió 15,204 mdp o Nuevo León que aportó a la federación 40,514 y recibió 14,197 millones de pesos.
Asimismo en el caso de Oaxaca, que recibe 18,312 del gobierno, pero de ingresos propios, solo 1,268 mdp o Guerrero que recibió 17,703 mdp mientras que recaudó 1,181mdp.
“Una balanza fiscal en la que cada entidad federativa recibiera lo que se recauda en su territorio ocasionaría que la solidaridad de los estados prósperos con los estados menos favorecidos fuera nula y, en ese caso, ¿qué sentido tiene ser una Federación? Por otro lado, si las pérdidas de los más prósperos son crecientes y permanentes, unos estados vivirán a costa de otros, haciendo de igual modo inviable la Federación”, señala el también secretario académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana.
Andreu expone que se debe procurar que las economías de estados menos prósperos crezcan más rápido que las de los estados prósperos, para que, en algún momento, acabe la dependencia de las transferencias federales, lo que se conoce como convergencia económica.
Aunque algunos analistas coinciden que los estados más ricos son los que “ganarían” con un nuevo acuerdo que les dé más a quienes contribuyen más, para otros no está claro y todo dependerá de la negociación.
Para el investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Christopher Cernichiaro Reyna, no está claro que haya ganadores y perdedores, pues todavía no hay propuestas de cambios, lo que vislumbra varios escenarios. En el primero, se “premia” a los estados más ricos, pero también puede ser que se busque “privilegiar” a los más rezagados.
Sobre una repartición más redistributiva, sostiene que el actual pacto fiscal ya contempla que las participaciones dependen del gasto local, mientras que las aportaciones toman en cuenta la población y el rezago de cada localidad. Aunque no duda que se pueda mejorar el pacto.
“El pacto fiscal ya contempla eso, premiar a los más fuertes y no dejar atrás a los más rezagados”, afirma.
Viridiana Ríos, doctora en gobierno por la Universidad de Harvard, plantea que los “estados ricos” también omiten mencionar que dentro de sus propios territorios tienen a muchas personas muy pobres que se benefician del pacto fiscal. Cita que en Coahuila, Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas, de acuerdo con el Coneval, el 9% de la población es vulnerable por tener ingresos demasiado bajo, cuando a nivel nacional es de 7%.
“Si se va a repensar el pacto fiscal que sea con el objetivo de hacerlo más redistributivo y motivar a las entidades a que recauden más impuestos locales, no solo para crear un México más desigual”, señala.
Con este acuerdo, se esperaba que se tuviera más eficiencia y calidad del gasto, no obstante, en los últimos años se ha visto reducida la capacidad de ingresos propios en las entidades, aun cuando tienen un espacio importante de recaudación fiscal, en algunos casos por mantener contentos a los ciudadanos sin cobrarles impuestos.
“Una práctica es que uno de los ingresos más importante, por parte de tenencias y permisos vehiculares, los desaparecieron y todo eso fue un argumento político porque querían ser complacientes con la población”, señala Pueblita.
La columnista de Expansión, Viridiana Ríos coincide que la gran mayoría de los estados ha decidido no cobrar más impuestos estatales y municipales, por quedar bien con sus votantes.
“No cobran predial porque no quieren invertir en mejorar el catastro. No cobran tenencia porque no quieren afectar a sus votantes con autos de lujo. No cobran nada porque no quieren crear oficinas de recaudación serias, ni rendir cuentas en sus estados sobre cómo usan esos recursos en su estado”, asegura en una publicación en Expansión Política.
Por ejemplo, Cernichiaro Reyna plantea que los recursos para beneficiar a la población podrían incrementarse entre 2.7 y 3.3 veces, si los estados recaudaran al menos 0.47% más de impuesto predial. De acuerdo con un análisis de su autoría , en 2018, Ciudad de México y Quintana Roo, fueron los que obtuvieron más de estos ingresos tributarios con 0.57% y 0.47%, respectivamente, lo que elevó sus fondos.
Por su parte, Rodríguez Pueblita señala que ningún estado tiene la capacidad que tiene el gobierno federal, con el SAT, para recabar impuestos, por lo que ve improbable que se modifique el pacto fiscal.
“¿Cuál sería el nuevo arreglo? ¿Que ya no hubiera este acuerdo en el cual los estados dejan de cobrar el ISR y el IVA, que son los impuestos más importantes, y lo cobraran ellos? Dudo que muchos de ellos tengan la capacidad para hacerlo, se les caería la recaudación, los ingresos se les caerían de manera inmediata, es bastante riesgoso”, considera el economista.
