Sin ‘reglas claras’ y contra la división de poderes, la iniciativa de AMLO

Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, explicó que el artículo 74 de la Constitución establece que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto, y si bien es adecuado que el Ejecutivo meta a consideración del Legislativo algunas reformas, no parece adecuado que la reforma sea para limitar el poder o limitar la facultad de otro poder.

Señaló que en otros países los cambios por la emergencia de COVID-19 se han hecho por medio de un instrumento que se llama presupuesto suplementario, el cual tiene reglas claras, y establece hasta qué punto el Ejecutivo puede hacer uso del presupuesto suplementario, en México se planteó una reforma que limita la facultad de otro poder.

“En la emergencia, los Congresos en el mundo están siendo muy participativos, de los cambios que proponen los poderes Ejecutivos; la experiencia nos debe convocar a una toma de decisiones mucho más efectiva de hacia dónde asignar los recursos públicos, generar mayor transparencia y mejores instrumentos”, aseguró.

Leonardo Núñez, investigador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), explicó que la iniciativa, tal como está redactada, se estaría entregando una “carta en blanco al presidente”.

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De acuerdo con Núñez, no habría posibilidad de que los diputados emitan una opinión, cuando actualmente la Constitución establece que discutir y aprobar el presupuesto es una facultad exclusiva de la Cámara baja.

“En todos los países democráticos, el Poder Legislativo tiene que participar en la aprobación y discusión de cualquier presupuesto porque es facultad de ellos”, señaló.

Los dos coincidieron que la propuesta del Ejecutivo debería considerar la participación del Congreso para las modificaciones presupuestales, tener lineamientos de cuándo y por qué hacer las adecuaciones, y metas específicas, para que pueda haber una verdadera rendición de cuentas.

Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), identificó tres elementos a considerar en la iniciativa.

1. No específica qué es una "emergencia", lo que podría permitir que bajo cualquier pretexto se modifique el presupuesto argumentando que la ‘ley lo autoriza’.
2. No hay criterios o lineamientos para hacer recortes, por lo que se podría manejar con “discrecionalidad” los recursos públicos.
3. No se habla de programas contracíclicos y específicos o los deja de manera ambigua, por lo que al recortar fondos, no queda claro a dónde se destinarán los recursos y todo se hará “en nombre de una emergencia económica”.

Aunque no sería la primera vez que se modifica el presupuesto a discreción, la iniciativa presenta una oportunidad de reflexión para el manejo del presupuesto con más pesos y contrapesos, y sobre todo de participación y rendición de cuentas.

El director del CIEP considera que si se piensa en el “espíritu” de la ley, como tratar de poner orden a los cambios que se hacen al presupuesto, y que en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPR) son “laxos”, la propuesta es bienvenida y presenta una oportunidad para que se pongan en revisión.

“Durante mucho tiempo la Secretaría de Hacienda hacía con el presupuesto lo que se le pegaba la gana (…) el problema es que estamos hablando de montos enormes en dinero de lo que originalmente se había aprobado, si pensamos que el espíritu de la ley es tratar de poner en orden los cambios que se hacen al presupuesto, de cuándo se valen y cuándo no, entonces la iniciativa es bienvenida”, expresó.

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Para Núñez, son necesarias las modificaciones en época de emergencia, pero tienen que pasar por un proceso de evaluación, discusión y aprobación que no debe depender del Ejecutivo, sino debe depender de la participación de la Cámara de Diputados, tal como sucede para la aprobación del presupuesto original.

“Si bien se permiten las modificaciones, tienen que pasar por proceso de aprobación y discusión, no puede darse carta blanca, tiene que haber un mecanismo que detalle, especifique y diga peso a peso qué se modifica y eso tiene que ser aprobado”, dijo.

Ambos impulsaron la propuesta de la creación de un Consejo Fiscal autónomo, que trascienda mucho más de un ejercicio o administración específico, que pueda hacer proyecciones de mediano y largo, hacer análisis de cómo puede afectar una reforma o las modificaciones e impacto cambios que se hacen al presupuesto, como lo que se hace en EU, con la budget office.

Los expertos coincidieron en que esta decisión afectara no solo esta emergencia, sino que al ser una reforma, trastocaría los mecanismos para el futuro, porque se establecerían las “nuevas reglas” para el ejercicio del presupuesto y eso es abriría la puerta a la discrecionalidad, hoy, y a la discrecionalidad mañana, por ello insistieron en que se hagan las adecuaciones necesarias.

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Por su parte, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, afirmó que se analizará la propuesta del presidente y que no será inconstitucional.

“Se va a cuidar la constitucionalidad de esta reforma, brindándole al Ejecutivo Federal flexibilidad para las reasignaciones presupuestales cuando haya emergencias económicas y por otro lado, respetando la facultad exclusiva que tiene la Cámara de Diputados de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación”, señaló el fin de semana.