La FGR solo ha llevado ante un juez el 1% de los delitos contra migrantes

En total, la FGR tiene casos registrados en 258 carpetas de investigación. De ese conjunto, 72 corresponden a carpetas abiertas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019; las 186 restantes son carpetas que se iniciaron en periodos anteriores y a las que se les está dando seguimiento.

De acuerdo con el informe —entregado al Senado de la República recientemente—, solo tres de esas carpetas han llegado hasta un juez con el fin de que se abra un proceso penal.

A pesar de ello, la institución sostiene que ha trabajado “con el objeto de atender de manera articulada e integral a las personas migrantes víctimas de delito en México y a sus familias e investigar los delitos adecuadamente, obteniendo los datos de prueba pertinentes y necesarios para lograr su judicialización correspondiente”.

Acerca de las averiguaciones previas, la FGR informa a los senadores que dio seguimiento a 101 en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre pasados.

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Migrantes, víctimas de trata

La fiscalía también da a conocer a los senadores que entre sus acciones está haber logrado la localización geográfica en tiempo real de víctimas de trata de personas.

El documento refiere un caso concreto, así como la aplicación de otras técnicas de investigación.

“(Se logró) una localización geográfica en tiempo real, tres técnicas de investigación de intervención de comunicaciones en la modalidad de extracción de información, 23 ubicaciones activas de líneas telefónicas, llamadas entrantes y salientes, así como una solicitud de técnica de datos bancarios en el depósito y cobro a través de instituciones transmisoras de dinero e instituciones bancarias. Todas esas técnicas encaminadas a investigar e integrar los delitos de tráfico de personas migrantes y secuestro agravado cometidos en agravio de personas migrantes en calidad de víctimas”, dice el texto.

La FGR detalla que, en mayo 2019, la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes vinculó a proceso a dos imputados, relacionados con 12 órdenes de aprehensión pendientes, por los delitos de secuestro agravado y tráfico de personas cometidos en agravio de dos víctimas salvadoreñas.

Además, vinculó a proceso a dos imputados por el delito de secuestro agravado cometido en agravio de tres menores hondureños.

Senadores exigen no olvidar a las víctimas

En el marco de la presentación del informe, senadores exigieron la semana pasada que el Estado mexicano atienda el éxodo de migrantes y que no los deje en el olvido.

“Reconocemos las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se dieron a través del Pacto de Marrakech para una migración ordenada, segura y regular, así como lo establecido en nuestras leyes en la materia, para garantizar el libre tránsito sin discriminación ni estigmatización de las personas migrantes, dando pie a que se expongan a situaciones de peligro como la clandestinidad, la irregularidad y el olvido”, señalan en una carta legisladores de Morena, PAN, PRI y MC.

La misiva dice también que los senadores se comprometen a trabajar desde su terreno para crear normas que ayuden a los migrantes.

“Desde el ámbito legislativo se trabaja para dotar (a México) de un andamiaje jurídico necesario, con el fin de concretar una política de respeto a las personas migrantes, entre las que se encuentran aquellas que buscan refugio o asilo, a través de una visión especializada que atienda las necesidades de los grupos vulnerables”, argumentan los legisladores firmantes.

Desde 2019, la política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador hacia los migrantes divide opiniones, pues mientras funcionarios federales argumentan que México solo busca poner orden en sus fronteras, políticos de oposición y organizaciones civiles advierten que hay malos tratos hacia quienes intentan entrar al país.

Incluso, el diputado morenista Porfirio Muñoz Ledo, expresidente de la Cámara baja, ha señalado que México se está convirtiendo en un muro para la migración y, en respuesta, ya propuso una iniciativa que plantea permitir el libre paso de quienes quieran cruzar por territorio nacional.

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