En el segundo año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y rumbo a las elecciones intermedias de 2021, la consultora Integralia alertó sobre los riesgos para el país en materia política, económica, legislativa y social.
En su reporte Diez riegos políticos para 2020, Integralia advierte sobre la "influencia" del primer mandatario en los órganos autónomos, así como sobre el aumento de la inseguridad, entre otros asuntos.
Integralia refiere que los nombramientos de personas consideradas cercanas al presidente López Obrador en la Suprema Corte (Margarita Ríos Farjat como ministra), en el Servicio de Administración Tributaria (Raquel Buenrostro como titular) y en la CNDH (Rosario Piedra Ibarra), por ejemplo, indican un riesgo de "concentración de poder muy alto".
"(López Obrador) tendrá influencia decisiva en los nombramientos para renovar miembros de diversos órganos (...) así como tres magistrados de salas especializadas en materia de combate a la corrupción", alerta.
"Es previsible la designación de perfiles con afinidad política o ideológica con el gobierno (...) lo que podría reducir aún más la capacidad de estos órganos para tomar decisiones con base en criterios técnicos y de objetividad y eficacia", añade.
En el tema de seguridad, Integralia señala que el presidente López Obrador no ha hecho ningún cambio en el gabinete pese a las "fallas" en su estrategia.
Además, indica que persiste una falta de claridad sobre las políticas de reinserción social, prevención del delito y del sistema de procuración de justicia.
A esto se suma que los estados y municipios podrían no contar con recursos suficientes para reforzar a sus cuerpos policiacos e implementar estrategias de seguridad efectivas, lo que aumenta la posibilidad de que las tasas de incidencia delictiva se mantengan igual.
Uno a uno, los otros riesgos políticos que Integralia ve para este año son:
1. Conflictos al interior de Morena, la mala evaluación de autoridades locales emanadas de ese partido y la falta de recursos federales para gestión de los diputados en sus distritos, lo que podría comprometer la elección del partido gobernante para 2021.
2. Mayor fiscalización con "potencial impacto sobre los costos administrativos para las empresas", a partir de los cambios aprobados en 2019 para permitirle al gobierno cumplir con sus "objetivos presupuestales", considera la consultora.
3. El "desmantelamiento" de la reforma energética, lo que "supone seguir obstaculizando la participación del sector privado en todas las áreas de la industria de hidrocarburos y de electricidad".
4. La intención de implementar una reforma electoral "vulnera la autonomía del INE y reduciría el financiamiento para partidos políticos".
5. Los conflictos por los contratos colectivos también podrían ir en aumento este año por la "polarización política", el desinterés de los gobiernos para resolver en materia legislativa y la "deteriorada capacidad de generar ingresos propios".
6. Las "visiones encontradas" entre los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México (posturas más blandas por cierta "presión" del presidente, o bien, más restrictivas).
7. La degradación crediticia de Pemex, que, a escrutinio de las calificadoras y los mercados financieros, apunta a un deterioro adicional.
8. Las posturas del gobierno mexicano frente a los amagos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio del panorama electoral que se vive en ese país.
