Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides, son los militares acusados por ambos delitos, los únicos que en caso de ser detenidos y procesados no podrían obtener su libertad, pues el homicidio amerita prisión preventiva.
Los otros uniformados implicados en este caso son: Ezequiel Rodríguez Martínez, Samuel Torres López, Julio César Guerrero Cruz y Alan Fuentes Guadarrama, quienes estarían acusados solo por ejercicio indebido del servicio público.
Te puede interesar: El INAI ordena a la PGR abrir el expediente de la masacre de Tlatlaya
El mismo tribunal había ordenado en 2016 liberar por “falta de elementos para procesar” a tres militares. Previamente, los otros elementos habían salido de prisión por falta de elementos. Milenio explica que en la resolución del tribunal se indicó que el auto de libertad fue dictado “sin perjuicio de que el Fiscal de la Federación aporte pruebas legalmente suficientes para reunir los requisitos legales para la emisión de un auto de formal prisión por este delito o uno diverso en torno al homicidio de referencia”.
La violencia que sufre México y los planes para combatirla|#QueAlguienMeExplique
En ese sentido, el diario El País detalla que el cambio de criterio ha tenido que ver con esta decisión que obligaba a contemplar pruebas que antes obvió, las cuales –según este reporte– son las declaraciones testimoniales de las testigos y el dictamen que realizó la Fiscalía hace años, sobre cómo los militares modificaron el lugar de los hechos.
