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El INAI ordena a la PGR abrir el expediente de la masacre de Tlatlaya

A más de cuatro años del operativo militar en el que murieron 22 civiles, posiblemente en una ejecución extrajudicial, la PGR deberá transparentar las investigaciones que ha llevado a cabo.
mié 19 diciembre 2018 12:29 AM
Tlatlaya_INAI_PGR
Tlatlaya. Por tratarse de un caso que derivó en violaciones graves a derechos humanos, el INAI resolvió que la PGR está obligada a hacer público el expediente.

CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- La versión pública de la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el caso Tlatlaya deberá ser difundida en su totalidad.

El Instituto Nacional de Transparencia (INAI) informó este martes que instruyó a la PGR a reservar menos datos sobre la averiguación previa del caso SEIDO/UEITA/174BIS/14 y del expediente de seguimiento al cumplimiento de la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El comisionado Joel Salas explicó que una particular solicitó las actas, investigaciones, denuncias y cualquier otro documento relacionado con los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014, cuando 22 civiles murieron en un operativo militar en ese municipio del Estado de México, posiblemente en una ejecución extrajudicial.

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La PGR puso a disposición la versión pública de la averiguación previa del caso, así como el expediente de seguimiento, pero reservó los datos de personal sustantivo de la procuraduría argumentando que la información es parte de las investigaciones.

"(En el análisis) se determinó que (a la PGR) no le resultaba aplicable ninguna causal de reserva, toda vez que la averiguación previa y expediente de seguimiento del caso Tlatlaya es información relacionada con violaciones graves de derechos humanos", señaló el comisionado.

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Destacó que ante un proceso de justicia transicional y, de acuerdo con sus atribuciones, el INAI debe emitir criterios para la debida protección de datos personales, tanto de actores gubernamentales involucrados como de víctimas.

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Por tanto, el INAI instruyó a la PGR a modificar su respuesta, especificando que solo podrá testar nombre y firma correspondientes a testigos, víctimas, ofendidos, imputados, asesores jurídicos y peritos. Por el contrario, deberá dar nombre, firma y cargo de los servidores públicos a quienes se le siguieron procedimientos penales o administrativos.

Según la versión inicial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre lo ocurrido en Tlatlaya, 22 presuntos delincuentes murieron en un enfrentamiento armado con militares.

Dicha versión fue desmentida por uno de los tres sobrevivientes, quien aseguró que un civil había muerto en el choque y los demás habían sido asesinados tras un interrogatorio, lo que llevó a la detención de siete militares.

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En octubre de 2015, un juez ordenó liberar a cuatro de los militares, tras considerar que la PGR no había sido clara a la hora de explicar los hechos por los que estaban acusados, y en mayo de 2016, otro juzgador desestimó los elementos de prueba aportados por la procuraduría y ordenó la liberación de los otros tres uniformados.

A inicios de agosto pasado, un juez federal ordenó reabrir el caso tras determinar que la PGR no ha realizado una investigación "exhaustiva, adecuada y efectiva".

Con información de EFE.

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