En conferencia de prensa, el funcionario federal señaló que algunos de los líderes de los policías federales inconformes ni siquiera se encuentran inscritos a la corporación, tal es el caso de Ignacio Benavente, quien dice ser parte de la organización Prolibertad y Derechos Humanos, y que, pese a que fue encarcelado por el delito de secuestro en el Cefereso Número 3, ayer tuvo amplia cobertura mediática como una de las cabezas de los policías inconformes.
Durazo, asimismo, también llamó a los policías federales que abandonaron sus funciones que devuelvan las armas y los vehículos oficiales, cuyo uso debe ser exclusivamente para sus labores policiales y protección de la ciudadanía.
El secretario añadió que detrás de las protestas hay grupos de interés que se han beneficiado con contratos en la Policía Federal para insumos como gasolina y programas de inteligencia.
Expuso, en ese sentido, que en el sexenio pasado, el 23 de diciembre de 2015, se adquirió un sistema de inteligencia, llamado RAFAEL, por 2,458 millones de pesos en un proceso lleno de irregularidades, sin garantizar las mejores condiciones para el Estado, hubo sobreprecio y aún se adeudan 1,300 millones de pesos.
Durazo informó que, por esos hechos, el pasado 7 de febrero se presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública y en breve se presentará una denuncia penal para que se castigue a quienes resulten responsables.
El funcionario agregó que, para el cierre de la Policía Federal, se le encargó una auditoría a la SFP, la cual se complementará con la auditoría que, actualmente, realiza la Auditoría Superior de la Federación a la corporación como parte de la revisión de la cuenta pública 2018.
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