Los riesgos de los que AMLO debe proteger a los migrantes

En 2015, el número de migrantes centroamericanos en tránsito hacia EU se estimó en unas 417,000 personas. De ellos, la mayor parte provenía de Guatemala, El Salvador y Honduras. Cuatro años después, la cifra ha ascendido a 140,000 en un solo mes, en este caso mayo.

Este indicador –aunado a la presión del presidente estadounidense Donald Trump– orilló a México a reforzar sus medidas de seguridad en la frontera sur con el despliegue de la Guardia Nacional . No obstante, las cifras de detenciones de migrantes en su tránsito por territorio mexicano ya se habían visto incrementadas desde años pasados.

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De acuerdo con el Atlas de la migración en los países del norte de Centroamérica, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), solo 19 de cada 100 migrantes llegaron a EU sin ser detenidos por las autoridades mexicanas o estadounidenses.

Datos oficiales señalan que el 83% de los extranjeros que fueron presentados ante las autoridades de enero a abril de este año provienen del Triángulo Norte. Mientras que los estados donde más se presentaron a personas de Guatemala, Honduras y El Salvador son Chiapas, con 26,894; Veracruz, con 6,721, y Oaxaca, con 3,459. Esto solo en los primeros tres meses de este año.

Lugares hostiles para migrantes

La Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM) ubicó a estas tres entidades como los lugares donde se cometieron más delitos contra migrantes en tránsito. En esas localidades, los migrantes declararon ser víctimas y testigos de algún delito durante su paso por territorio mexicano.

Los tráileres donde viajaban los migrantes rescatados el sábado fueron detenidos en la carretera Tinaja-Acayucan. En esta última localidad se dio el segundo mayor número de detenciones en el primer trimestre del año, con 6,008. El primer sitio lo ocupó Tapachula, Chiapas, con 26,825 casos.

Un 57% de los migrantes en tránsito por México contrata un “coyote” o similar para cruzar hacia los Estados Unidos, señala el Atlas. El canciller Marcelo Ebrard estimó que cada uno paga alrededor de 3,500 dólares para el viaje y hay quienes desembolsan 5,000 por si tienen alguna dificultad en el viaje y los regresan a su país.

“Pagan del orden de 10 a 15 millones de pesos de comisiones en el tránsito, solamente estoy hablando de estos cuatro tractocamiones con ocho cajas, que se denominan cajas secas (…) quisiera yo subrayar, el tamaño del tráfico de personas; es decir, esta sola operación significa alrededor de 69 millones de pesos en promedio”, dijo en conferencia de prensa el pasado lunes.

Previamente había estimado que el negocio de trasladarlos equivale a seis billones de dólares al año. Eso solo por el costo de migrar. Lo que podría tratarse del delito de trata de personas.

Vulnerables al crimen

A lo largo de las últimas tres décadas, los riesgos y peligros del viaje desde Centroamérica hasta la frontera de Estados Unidos han aumentado sustancialmente, debido a que los migrantes utilizan rutas cada vez más peligrosas, que los hace más vulnerables y los convierte en víctimas potenciales de robos, extorsiones, secuestros, y del crimen organizado, expone José Manuel Murillo Valencia, del Instituto Friedrich Naumann Stiftung.

De acuerdo con REDODEM, los principales delitos y violaciones de derechos humanos que se cometieron directamente contra las personas migrantes fueron el robo 76.06%, las lesiones 5.14%, extorsión 4.04%, el secuestro 3.82% y el abuso de autoridad 2.90%.

Además señala que la violencia que se vive es diferente de acuerdo al género, ya que los hombres son más susceptibles al robo, lesiones y extorsiones; mientras las mujeres a robo, secuestro, lesiones e intimidaciones. Las personas que se identificaron como trans son víctimas de robos y violación sexual.

Piden una respuesta humanitaria

Amnistía Internacional urgió a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, impedir las detenciones arbitrarias de migrantes y solicitantes de asilo y a sustituir el despliegue de la Guardia Nacional por una respuesta humanitaria que evalúe individualmente las necesidades de las personas que entran en México.

Esto ocurrió luego de que el 5 de junio, miembros del Instituto Nacional de Migración (INM), la Policía Federal y la Guardia Nacional detuvieran a un grupo de unas 400 personas migrantes –entre ellos familias y menores de edad, algunos con permiso de residencia en México y otros sin papeles– que caminaban por la carretera cerca de Metapa, Chiapas.

“Estas detenciones y expulsiones aceleradas socavan el derecho de las personas que huyen de su país a buscar protección internacional, y también su derecho al debido proceso. Asimismo, la devolución de personas a territorios en los que su vida o su seguridad pueden correr peligro viola el derecho internacional”, señaló la organización en un comunicado.

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