El presunto desfalco durante el gobierno de Cabeza de Vaca
El pasado miércoles, el apoderado legal de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, Iván Saldaña Magaña, informó en conferencia de prensa que se presentaron 70 denuncias, 14 de ellas de carácter penal, en contra del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y diversos exfuncionarios de su administración.
Las denuncias, según los reportes, se deben a una presunta adjudicación ilícita de contratos que causaron un quebranto al erario público por más de 343 millones de pesos.
Las denuncias fueron presentadas ante el Congreso del Estado, la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno de Tamaulipas.
"Se estima un quebranto aproximado de 343 millones 966,000 pesos. Estas cantidades de dinero fueron pagadas a dos empresas vinculadas con los hermanos Carmona: Grupo Industrial Permart, representada por Julio César Carmona Angulo, y Grupo Industrial Joser, representada por Carlos Alejandro Romero Vega", detalló Saldaña.
Los ilícitos presuntamente cometidos incluyen el uso indebido de atribuciones y facultades, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Entre los principales imputados se encuentran el exgobernador Cabeza de Vaca; su exsecretaria de Salud Gloria de Jesús Molina Gamboa; el entonces subsecretario de Planeación y Vinculación de la Secretaría de Salud, Horacio García Rojas Guerra; el exsubsecretario de Administración y Finanzas Alejandro Aguilar Poegner; así como Román Castillo Airola, exdirector de Compras de la Secretaría de Administración.
“El común denominador de estos actos es que, durante los ejercicios fiscales de 2017 y 2018, se celebraron diversos contratos de prestación de servicios, a través de los cuales dos empresas vinculadas a los hermanos Carmona se convirtieron en proveedores de mantenimiento de diversos hospitales de la entidad durante la pasada administración estatal”, explicó Saldaña Magaña.
El modus operandi, según la información proporcionada, consistió en que dichas empresas se asociaron con exfuncionarios estatales para realizar contrataciones por 500 millones de pesos, de los cuales, por razones aún no esclarecidas, no se pagaron 157 millones de pesos.
El director jurídico de la Secretaría de Salud aseguró que no se trata de una persecución política, sino de “poner en conocimiento de la ciudadanía los hechos que se han presentado y que han dañado las finanzas del Gobierno del Estado, en detrimento de los servicios de salud de Tamaulipas”.
