Sinaloa escala a primer lugar de violencia a un año de la captura de "El Mayo"

Por más de dos décadas, autoridades mexicanas y estadounidenses buscaron a “El Mayo” por delitos como tráfico de drogas y lavado de dinero, entre otros.

Pero hace un año, el fundador del Cártel de Sinaloa fue detenido en un aeropuerto de Estados Unidos por la traición de uno de los hijos de "El Chapo".

La captura del legendario narcotraficante dio al gobierno de Joe Biden uno de los últimos logros de su administración, pero a Sinaloa, una de sus épocas más violentas.

Aunque la detención de Zambada fue en julio de 2024, la violencia aumentó en septiembre de ese año; los homicidios, que en promedio rondaban los 135 mensuales, llegaron a casi 300, como sucedió en junio pasado, cuando se registraron 295, de acuerdo con la Fiscalía General de Sinaloa.

Ese mes, Sinaloa se convirtió en el estado más violento de México al concentrar 14.5% de las muertes violentas en el país, mientras que Guanajuato se quedó en segundo sitio, con 171 homicidios (8.7%).

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), correspondiente al junio de 2025, señala que la ciudad donde la población percibió más inseguridad ese mes, es Culiacán, Sinaloa, con el 90.8% de las personas adultas.

Esta sensación de miedo entre la población de la capital sinaloense tuvo un importante crecimiento, ya que en el mismo mes de 2024 -antes de la captura de "El Mayo"- el Inegi reportó que dicha percepción era de 44.7%.

La disputa interna en el Cártel de Sinaloa ha llevado a que el estado enfrente niveles de violencia similares a los registrados durante el gobierno del aliancista Mario López Valdez (2011-2016). Por ejemplo, en 2011 se registraron 2,900 homicidios dolosos.

Armando Vargas, coordinador del programa de Seguridad en la organización México Evalúa, explica que el conflicto en el Cártel de Sinaloa ha detonado un incremento no solo de los homicidios, también otros delitos.

“La violencia delictiva de 2024, considerando todas las víctimas de homicidios, feminicidios, personas desaparecidas y otras víctimas de delitos contra la vida, ha incrementado cerca del 70% de 2024 a 2025, ese es el incremento más alto a nivel nacional", alerta.

El debilitamiento del Cártel de Sinaloa

Enfrentar una "guerra" desgasta a cualquier banda criminal y el Cártel de Sinaloa no es la excepción.

Jesús Pérez Caballero, catedrático del Colegio de la Frontera Norte (Colef) y doctor en Seguridad Internacional, explica que a 10 meses de la confrontación entre las facciones de “Los Chapitos” y “Los Mayitos”, es posible ver afectación dentro del cártel.

“Hay un desgaste por parte de las organizaciones criminales, vemos indicios de ello en cuanto a la operatividad y al tipo de ataques que realizan. Sin embargo, la situación sigue siendo complicada porque el conflicto tiene rasgos de guerra civil y esta idea de la traición se mezcla con el conocimiento previo de las circunstancias de cada uno: casas de seguridad, bodegas, puntos de venta de droga, rivales”, explica.

Antes de que concluyera el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se tomaron las primeras medidas para contener la violencia, entre ellas, el envío de cientos de militares.

En la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se adoptaron medidas adicionales como el reforzamiento de la seguridad con fuerzas federales, el despliegue de células especializadas, la visita del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a Sinaloa y la asistencia de integrantes del gabinete de seguridad.

En su reciente visita a Sinaloa, el 21 de julio, Harfuch, aseguró que han logrado mermar al Cártel de Sinaloa.

“Al inicio del conflicto (en septiembre) veíamos convoys de varias camionetas aquí en Culiacán y hoy no hemos tenido registros de esto; son menos frecuentes, si no es que hubo meses con cero bloqueos en carreteras como al inicio del conflicto, eso no quiere decir que la situación esté resuelta, lo que decimos definitivamente es que no son, no tienen la misma capacidad de fuego que al inicio estos grupos delincuenciales”, indicó.

David Saucedo, especialista en seguridad púbica, explica que el debilitamiento que han enfrentado ambas facciones las ha llevado a suscribir “narcoalianzas” con agrupaciones que incluso eran rivales.

“Golpes que dieron los americanos a ‘Los Chapitos’ los obligaron a negociar una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Parecía que ‘El Mayo’ y su grupo iban ganando la guerra, pero rápidamente se repuso la facción de ‘Los Chapitos’, estableciendo un nexo con el Nemesio Oceguera, ‘El Mencho’. Entonces, esta debilidad rápidamente se solventa con una narcoalianza y provoca que tengamos ahora cárteles más robustecidos”, explica el especialista.

Pero la agrupación de “Los Mayitos” también ha buscado respaldo en otras organizaciones como la que encabeza Fausto Isidro Meza Flores, líder del grupo criminal “Los Beltrán Leyva”.

La situación es compleja para toda la entidad, pues la guerra entre los cárteles no ha dejado a ningún sector sin repercusiones.

Cristina Ibarra, presidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, comparte que la disputa interna del Cártel de Sinaloa primero generó que la gente no saliera de sus casas por el temor de encontrarse a gente armada y/o autos incendiados.

Ello propició que los negocios cerrarán temprano porque, en una especie de toque de queda autoimpuesto, la gente no salía.

Ese miedo ha traído otras pérdidas: fuentes de empleo y cierre de empresas.

“Acumulamos en junio de este año una pérdida de empleo formal de 15,700 empleos”, advierte.

La educación también ha sufrido efectos colaterales. Un balance de la organización Mexicanos Primero estima que, por el clima de inseguridad en Sinaloa, al menos 30 días se suspendieron las clases, lo que equivale al 15% del ciclo escolar que recién concluyó.

¿Hay salida?

Inmerso en balaceras, narcomantas y en un toque de queda autoimpuesto, se ve complicado que la crisis de violencia en Sinaloa llegue a su fin, sin embargo, expertos afirman que hay salida.

No obstante, Facundo Rosas, ex comisionado de la extinta Policía Federal y exsubsecretario de Estrategia e Inteligencia, explica que la crisis tiene solución y muestra de ello es Ciudad Juárez, Chihuahua, la cual hace unos sexenios enfrentó graves problemas de violencia.

“En Ciudad Juárez pasó lo mismo. En 2010, los días eran de 20 muertos. Ciudad Juárez eran más o menos la misma cantidad de homicidios que Sinaloa, el mismo escenario: pugna entre dos grupos y así se atendió de manera integral. ¿Qué se tuvo que hacer? Desplegar un estado de fuerza de 4,500 elementos de la Policía Federal más 2,500 en números de la policía”, expone.

Rosas señala que la estrategia ayudó a reducir de 20 a un homicidio diario y se hizo con menos elementos de los que ha enviado el gobierno federal a Sinaloa.

“Hay un ejercicio que se hizo y se hizo muy bien en Ciudad Juárez. Si hablamos de tasa de homicidios, el pico más alto en 2010 fue de 206 por cada 100,000 habitantes al mismo nivel que Medellín, Colombia”, recuerda.

Pero la solución no pasa solo por México, también por Estados Unidos y lo que pase en los juicios de “Los Chapitos” y “El Mayo” en ese país.

“Puede llegarse a algún tipo de acuerdo, dependiendo mucho de cuando se declare la culpabilidad de las diferentes partes en Estados Unidos, porque a final de año vamos a empezar a ver procesos. Ovidio Guzmán ya se ha declarado culpable, tiene que formalizarse en la sentencia. Su hermano también seguramente se declara culpable, ‘El Mayo’ Zambada para evitar la pena de muerte también puede declararse culpable. Entonces vamos a ver un poco cómo influye todo eso”, explica Jesús Pérez Caballero.

El especialista del Colef considera que el gobernador Rocha, si bien ha librado las investigaciones del caso "Mayo", podría ser requerido por el gobierno de Donald Trump, sobre todo ahora que éste ha puesto en la mira los aros de protección política de los cárteles en México.

“Estados Unidos puede presionar contra las redes de complicidad política, que podrían ser del gobernador para que estas redes de protección al menos se debiliten. Es un camino complicado porque estamos hablando de décadas de protección política”, advierte Pérez Caballero.