“Justicia para Toñito” es la consigna con la que su familia, vecinos y compañeros de escuela dieron el último adiós a Antonio Juda Vidal, de 9 años, quien fue asesinado en San Pedro Zictepec, Estado de México, luego de que salió de su casa para jugar videojuegos.
El cuerpo de Toñito se encontró el pasado 20 de marzo dentro del domicilio de uno de sus vecinos, Mario ‘N’ de 30 años, detenido como presunto responsable de causar la muerte del niño.
El Estado de México es una de las tres entidades con más casos de homicidio doloso –es decir, con intención– de niños y adolescentes, junto a Guanajuato y Michoacán concentran tres de cada 10 asesinatos de personas de 0 a 17 años registrados en el país durante 2024.
De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), a partir de los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), señaló que en el país se cometieron un total de 966 homicidios dolosos de menores de enero a diciembre de 2024, de las cuales 116 víctimas eran mujeres y 850 hombres.
A ello se suman 80 feminicidios de niñas y adolescentes en México durante 2024. En este delito Estado de México, Jalisco y Ciudad de México concentran el 32.5% de las víctimas a nivel nacional.
En México son dos factores principales los que han incidido en el problema de homicidios y feminicidios con víctimas menores de edad, considera Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe.
El primer elemento es la normalización de la violencia armada en México durante los últimos 18 años, a partir de la ‘guerra contra las drogas’ emprendida durante el sexenio de Felipe Calderón.
“Tenemos una sociedad mexicana profundamente tradicional y machista, que no reconoce a niños y niñas como personas con derechos propios que están atrapadas en una dinámica de violencia institucional por estos componentes de violencia armada”, dice en entrevista con Expansión Política.
El segundo factor es una visión en la sociedad de las y los menores como objetos y no como personas con derechos, haciendo de niños, niñas y adolescentes víctimas especialmente vulnerables a agresiones y explotación sexual.
“Tenemos una sociedad profundamente tradicional que sigue mirando a niños, niñas y adolescentes como objetos de propiedad familiar. Si un niño o una niña es un objeto de propiedad, puedes eliminar ese objeto de propiedad pero también se puede convertir en un objeto de deseo sexual”, señala el representante de Tejiendo Redes Infancia.
El asesinato de Santiago Mateo, de 12 años, en León, Guanajuato, es muestra de ello. El menor fue visto por última vez el 4 de febrero tras salir de clases y dirigirse a un consultorio médico donde trabajaba en labores de limpieza, sin embargo no regresó a su hogar y tres días después su cuerpo fue hallado en Lagos de Moreno, Jalisco.
Christian ‘N’, médico del consultorio, fue detenido y confesó abusar del menor junto a otra persona, así como la comisión del asesinato. Se encuentra acusado de los delitos de desaparición cometida por particulares, homicidio calificado y violación.
Pérez García comenta que no deben verse como casos aislados y que puede haber más. “Solamente cambiamos el nombre de la víctima: hace unas semanas era el niño de Guanajuato, ahora es Toñito en el Estado de México, solo cambiamos el código postal y el nombre del niño o la niña pero las víctimas se siguen repitiendo", señala.
No tendríamos que verlo como un caso más, de forma aislada, sino como un elemento contextual que apunta a que hay más casos que no necesariamente estamos conociendo en público.
Para el especialista la prevalencia de homicidios dolosos y feminicidios donde niños, niñas y adolescentes son víctimas tiene tres causas principales.
“Uno, no hay cumplimiento de la ley en absoluto; segundo, hay impunidad garantizada y tercero, niños y niñas no son partícipes de la solución”, indica.
El coordinador de Tejiendo Redes Infancia apunta a la necesidad de reducir la impunidad en casos de delitos violentos en contra de víctimas de 0 a 17 años, así como involucrar a niños, niñas y adolescentes en el proceso de búsqueda de soluciones, hacer cumplir con las leyes que ya existen para proteger a las y los menores en México y fortalecer la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).
