Publicidad
Publicidad

México será juzgado ante la CIDH, otra vez por desaparición y feminicidio

Es el segundo caso mexicano que llega a la Corte Interamericana por los asesinatos y desapariciones de niñas y mujeres en el país.
vie 21 marzo 2025 04:00 PM
Protesta Mujeres PAN Palacio-5
Colectivos de mujeres protestan cada año para exigir un freno a la violencia de género.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sentará de nuevo al Estado mexicano en el banquillo de los acusados. El próximo 26 de marzo se realizará una audiencia para juzgar su responsabilidad en el caso de Lilia Alejandra García Andrade, desaparecida y asesinada en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el año 2001.

La asociación civil Grupo de Acción, que acompaña en la exigencia de justicia a Norma Andrade, madre de Alejandra, presentó el caso ante la CIDH en 2002, pero fue admitido hasta 2012 y remitido a la Corte Interamericana en 2024.

Publicidad

Segundo caso mexicano en la CIDH

Con la fecha agendada para la audiencia, este será el segundo caso que llega, 16 años después, al tribunal internacional, un ente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que juzga violaciones a los derechos humanos.

El primero en ser juzgado fue el llamado caso Campo Algodonero, que concluyó en 2009 con una sentencia emblemática en contra del Estado mexicano por la desaparición y asesinato de tres mujeres de Ciudad Juárez.

Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez fueron desaparecidas, abusadas sexualmente y asesinadas en 2001. Las autoridades mexicanas no investigaron a cabalidad ni sancionaron a los responsables.

Ese mismo año desapareció también Lilia Alejandra, el 14 de febrero. Una semana después fue hallado su cuerpo. Tenía 17 años y dos hijos. Su asesinato se vinculó con los feminicidios de otras cuatro niñas, también en Ciudad Juárez, entre 1995 y 2005. Los cinco homicidios se presentaron en conjunto ante la CIDH.

Los abogados de los casos señalan que tienen similitudes con el del Campo Algodonero. David Peña, coordinador jurídico del Grupo de Acción A.C., indica que uno de los agresores, identificados mediante perfil genético, está vinculado con todos los homicidios. También coincide la forma en que fueron encontrados los cuerpos.

La hipótesis de la defensa es que un mismo grupo de hombres secuestró, torturó y asesinó a niñas en Ciudad Juárez durante una década y que sigue impune.

Lo mismo ocurre con el caso de Lilia Alejandra: continúa en la impunidad. Hay una persona detenida, pero no hay certeza ni pruebas ni evidencias que lo vinculen con el feminicidio.

“Se repiten patrones de impunidad, de violencia, de incorrectas investigaciones, fabricación de culpables y complicidad de autoridades”, afirma Peña.

Publicidad

La madre de Lilia Alejandra y fundadora de la extinta organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Norma Andrade, espera que la audiencia sea un paso hacia la justica, 24 años después de la muerte de su hija.

“Yo le prometí a Alejandra y a sus hijos que no voy a descansar hasta que sus agresores estén en la cárcel”.

Los alcances de la audiencia en la CIDH

Karla Michel Salas, directora del Grupo de Acción A.C., explica que el único motivo para pedir la audiencia es lograr que los responsables rindan cuentas.

Esta audiencia no solamente es por Lilia Alejandra, sino es por todas”,
Karla Michel Salas, directora del Grupo de Acción A.C.

A partir de la sentencia de 2009, recordó, el Estado mexicano implementó acciones a medias para dar cumplimiento a las observaciones de la CIDH: reforzó leyes, creó centros de justicia, protocolos y fiscalías especializadas. Pero el número de mujeres asesinadas en México se duplicó en 16 años, al pasar de seis a 11 feminicidios al día.

“Eso da cuenta de que las acciones que se han implementado no son suficientes, no se han realizado de la manera correcta o desde la perspectiva correcta”.

Por eso espera que la próxima sentencia sea condenatoria, aunque se conocerá hasta finales de año, según estima, porque el proceso es largo.

Sin embargo, podría representar un punto de inflexión, donde el Estado mexicano revise sus políticas para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres y las desapariciones forzadas.

La defensa exige, además, que el Estado aplique un mecanismo de investigación del caso de Lilia Alejandra y que sea obligado a generar una política pública de protección a la niñez, sobre todo a las infancias en situación de orfanato por los feminicidios de sus madres.

Publicidad

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad