Tamaulipas y Chiapas: los riesgos de la seguridad pública en manos de militares
En las primeras dos semanas del gobierno de Claudia Sheinbaum, elementos de las Fuerzas Armadas se han involucrado en homicidios de civiles y migrantes; expertos ven riegos en Derechos Humanos.
Desde 2006, los militares fueron integrados a la estrategia de seguridad, sin embargo, no se ha logrado la pacificación del país.(Foto: Cuartoscuro.)
Lidia Arista
Los homicidios de migrantes y civiles cometidos por militares en Chiapas y Tamaulipas en las últimas semanas, son un botón de muestra de que las fuerzas armadas representan riesgos al realizar labores de seguridad pública, alertaron especialistas y organizaciones de la sociedad civil.
Desde que en México se inició la llamada guerra contra el narcotráfico en 2006, los militares dejaron sus cuarteles para intervenir en tareas de seguridad. Aunque su presencia no ha logrado los resultados esperados, cada gobierno ha recurrido a ellos como parte de sus estrategia de seguridad; así lo hicieron los expresidentes Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Ahora con Claudia Sheinbaum se mantienen como parte de la estrategia.
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Jonathan De Vicente Encarnación, director de incidencia política en México Unido Contra la Delincuencia A. C, explicó que mantener a los militares en tareas de seguridad pública se vuelve peligroso para la población, además de no permitir la violencia, por las violaciones a derechos humanos en que suelen incurrir.
“La situación puede empeorar y las violaciones graves sobre derechos humanos van a continuar”, adviertió sobre la decisión mantener en militares en tareas anticrimen.
Desde su incursión en tareas de seguridad, las Fuerzas Armadas han tenido quejas por violaciones a derechos humanos. Un análisis de la organización Fundar revela que durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se emitieron más de 250 recomendaciones por violaciones.
“Entre el 1º de diciembre de 2006 y el 30 de junio del 2019 se emitieron 268 recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de SEDENA, la Secretaría de Marina (SEMAR) y la extinta Policía Federal (ahora GN) por actos de violaciones graves a derechos humanos, como casos de tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. Del total de casos, el 63.8% fueron atribuidos a integrantes de las fuerzas armadas, es decir, Sedena y Semar”, dice el análisis “La militarización como modelo de violaciones a derechos humanos”.
La cifra de violaciones fue mucho mayor durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con el Quinto Informe del Observatorio de la Guardia Nacional y la militarización, de la organización Causa en Común, entre enero de 2019 y mayo de 2024, la Sedena, la Marina y la GN acumularon 4,800 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos.
“Estas quejas están mayormente relacionadas con casos de supuestas torturas, desapariciones forzadas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y detenciones arbitrarias”, dice el informe.
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Historial de polémicas
Expertos aseguran que, además de no dar resultados, los militares representan riesgos, pues ellos no fueron entrenados para las tareas de seguridad.
“Es preocupante la militarización de la seguridad en México porque la tendencia internacional es que los cuerpos de policía tengan naturaleza civil, que los militares y Fuerzas Armadas no hagan tareas de policía en la calle. Es preocupante el panorama, no es nada alentador, porque los militares van a cometer más violaciones a los derechos humanos porque su formación es diferente a la de policías civiles”, explica Miguel Garza, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C. (Insyde).
El sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum ya enfrenta sus primeras polémicas por el involucramiento de elementos de las Fuerzas Armadas en hechos violentos.
La noche del 1 de octubre, militares dispararon contra una camioneta que circulaba sobre el tramo carretero Villa Comaltitlán-Huixtla, Chiapas, en la que viajaban 30 migrantes; de ellos, seis murieron y 10 resultaron heridos.
Militares también han sido señalados en violación a derechos humanos de migrantes.(Isabel Mateos Hinojosa/Cuartoscuro.)
La Secretaría de la Defensa Nacional informó entonces, vía un comunicado, que la detonación de las armas por parte de militares fue en respuesta a un ruido de arma de fuego.
“Aproximadamente a las 20:50 horas del martes primero de octubre de 2024, integrantes del Ejército Mexicano al efectuar reconocimientos terrestres, detectaron un vehículo tipo pick up que iba a alta velocidad, mismo que al ver al personal militar se evadió. A retaguardia de la pick up se desplazaban dos camionetas de redilas como las que usan grupos delincuenciales en esa región. Personal militar manifestó escuchar detonaciones, por lo que 2 elementos accionaron su armamento, deteniendo su marcha una de las camionetas de redilas", apuntó la dependencia.
Al ser un hecho en el que se vieron involucrados civiles, la Fiscalía General de la República inició la investigación, mientras que los militares fueron separados de su cargo.
La presidenta de México aseguró tras este hecho que no habría impunidad: "Estamos haciendo lo necesario para que un hecho como este no vuelva a ocurrir", prometió.
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Sin embargo, esta semana nuevamente las Fuerzas Armadas estuvieron involucradas en homicidios de civiles en dos hechos distintos en Tamaulipas.
Yuricie Rivera, una enfermera del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), circulaba en su auto cuando recibió un disparo de elementos de la Sedena. En otro evento, la niña Lidia Iris Fuentes perdió la vida cuando recibió un impacto de bala de un elemento de la Guardia Nacional, cuando se registró un fuego cruzado con presuntos criminales.
“En ambos casos, desde el primer momento fui informada por el general secretario. Y de parte de él, de inmediato se presentaron todas las pruebas que se requieren y disposiciones que se requieren a la Fiscalía General de la República... En caso de que haya una actuación, una mala actuación de algún elemento del Ejército, de la Guardia o de algún oficial, serán sancionados, pero hay que esperar a las investigaciones; y la cercanía que se requiere siempre con las víctimas”, afirmó la presidenta de México.
En el gobierno de López Obrador también hubo polémicas que involucraron la actuación de las Fuerzas Armadas. El 3 de noviembre de 2021, elementos de la Guardia Nacional dispararon contra una camioneta en la que viajaban 14 migrantes en Pijijiapan, Chiapas, de los cuales dos murieron, y el 27 de abril de 2023 guardias nacionales fueron señalados del asesinato de un estudiante y lesiones a otros dos en Guanajuato.
