Autoridades detuvieron a dos personas relacionadas con un ataque con explosivos que dejó seis muertos y 15 heridos el pasado martes cerca de la ciudad de Guadalajara.
El fiscal del estado de Jalisco, Joaquín Méndez, dijo este lunes que las dos personas están señaladas por homicidio, lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad pública.
"Son dos personas a las que en las próximas horas se les estarán imputando esos delitos", adelantó el funcionario en conferencia de prensa. Añadió que las detenciones se lograron en coordinación con autoridades municipales y el Ejército mexicano.
Escucha este importante mensaje del Fiscal Estatal, Mtro. Luis Joaquín Méndez Ruiz, en el cual se dan a conocer avances de la investigación sobre los hechos ocurridos el pasado martes 11 de julio en el municipio de Tlajomulco. https://t.co/lbdwQh5Stt
— Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) July 17, 2023
El ataque ocurrió en la localidad de Tlajomulco donde fueron activados varios explosivos de fabricación artesanal al paso de vehículos policiales y de la Fiscalía que atendían un reporte sobre un eventual hallazgo de restos humanos en esa zona.
En la explosión murieron cuatro policías y dos civiles mientras que otras 15 personas resultaron lesionadas. Este atentado ocurrió casi una semana después de que un coche bomba matara a un miembro de la militarizada Guardia Nacional e hiriera a otros tres del cuerpo en el estado de Guanajuato.
El presidente mexicano, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, reconoció un aumento en ese tipo de ataques aunque se ha abstenido de calificarlos como terrorismo.
Jalisco es el estado con más personas desaparecidas en México –más de 15.000 casos–, un fenómeno que se atribuye principalmente a la delincuencia organizada, pues en la región opera el Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más violentos en el país.
Tras el atentado, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció que se suspendería la búsqueda de personas desaparecidas mientras se generaban protocolos de seguridad para evitar sucesos similares.
Sin embargo, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas denunciaron que, con esa decisión, se violentaba su derecho a buscar a sus familiares.
México registra más de 350,000 asesinatos, la mayoría atribuidos a las organizaciones criminales, desde el lanzamiento de una polémica estrategia militar antidrogas en diciembre de 2006.
