Esto pese a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un señalamiento en el que documentó "violaciones graves a los derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad personales –por actos constitutivos de tortura–, de reunión, al interés superior de la niñez y a una vida libre de violencia, en agravio del poblado indígena".
Como parte de esta exigencia, un centenar de indígenas de Arantepacua, apoyados por profesores de educación básica y activistas, marcharon este miércoles en la ciudad de Morelia, capital de Michoacán, y en su protesta vandalizaron dos vehículos patrulla de la Policía Auxiliar y una torre móvil de vigilancia.
Además, los inconformes también destrozaron los ventanales del Palacio de Gobierno, ubicado en el Centro de Morelia y sede del Gobierno de Michoacán, donde plasmaron pintas en contra de Aureoles y de Adrián López Solís, exsecretario de Gobierno, segundo cargo en importancia, solo detrás del gobernador, y actual Fiscal General de Michoacán.
Cabe mencionar que la irrupción policial fue autorizada por el entonces gobernador la mañana del 4 de abril de 2017, esto en busca de liberar un centenar de vehículos de carga que los indígenas de Arantepacua mantenían retenidos para protestar por un conflicto de posesión de tierras que se disputan con purépechas del poblado vecino de Capácuaro, en el municipio de Uruapan.
Fue el 5 de abril cuando agentes de la Policía de Michoacán (Policía Estatal) y los indígenas se enfrentaron en el acceso de Arantepacua, dejando como saldo cuatro purépechas muertos a balazos, entre ellos un menor de edad, 31 heridos por golpes o balas y 38 detenidos. La CNDH también documentó que la Policía del gobierno de Silvano Aureoles cateó ilegalmente 56 viviendas de los indígenas.
A seis años de estos hechos, el Concejo Comunal de Arantepacua exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) la atracción de la investigación.