En el Código Penal, la legisladora propone reformar el artículo 338 Bis para que se castigue con tres a ocho años de prisión, una multa de 500 a 1,500 días de salario mínimo, además de destitución en el cargo e inhabilitación de tres a 10 años, al funcionario que con dolo propicie, promueva, tolere impunidad, omita, retarde o entorpezca una investigación en caso de feminicidio.
Al artículo 338 Tercero, se adiciona que el feminicida perderá todos sus derechos sobre los hijos que haya procreado, no solo con la víctima, sino también en caso de haber procreado con parejas anteriores.
Al artículo 330 Quater, se pide añadir que la sentencia de 50 a 70 años de cárcel –que actualmente aplica para víctimas de feminicidio que estaban embarazadas– también se contemple cuando sea en agravio de niñas, mujeres de la tercera edad, y discapacitadas.
En la legislación vigente, la pena para quien resulte responsable de feminicidio es de hasta 60 años de cárcel, y 70 en contra de quien haya matado a una embarazada.
La lucha que generó una ley
La iniciativa de Silva Ruiz ya ingresó a la comisión de Procuración y Administración de Justicia, pero falta que sea dictaminada. Se prevé que sea después del 15 de septiembre, cuando se inicie el tercer periodo de sesiones, cuando se discuta y en su caso, se apruebe.
“Estoy convencida que es una iniciativa con tanta nobleza y con tanta necesidad ante la realidad que hemos estado que conocemos, no solo en los últimos meses, sino, desafortunadamente, cuántas niñas y niños se encuentran en orfandad por casos de feminicidio, y así poder brindarles certeza, que puedan crecer a lado de quienes les puedan garantizar estabilidad psicológica y emocional”, dijo la diputada a Expansión Política.
