Caso Monzón: la motivación de una ley para negarle la custodia a los feminicidas

En medio de la pelea por al menos obtener un permiso por parte de un juez, que antepusiera el interés superior del menor, para sacarlo de este entorno en la entidad, Helena platicó con la diputada local por el Partido del Trabajo, Mónica Silva Ruiz –esposa del presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en la entidad, Héctor Sánchez– para trabajar en una reforma de ley que acabara con este obstáculo.

Silva Ruiz puso manos a la obra, asumió la responsabilidad de empezar a velar por los derechos de las otras víctimas de feminicidio y presentó el 20 de julio pasado en el Congreso local, una iniciativa que denominó Ley Monzón que plantea suspender la patria potestad, guardia y custodia al hombre acusado de haber asesinado a la mamá de sus hijos y perder en definitiva esos derechos cuando se dicte una sentencia.

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También aplica en contra de quienes sean señalados por tentativa de feminicidio, que ya está tipificado como delito en Puebla con penas de hasta 40 años de cárcel.

La Ley Monzón: ¿Qué es?

En entrevista con Expansión Política, la diputada autora de la propuesta, consideró que no hay una mejor manera de honrar la memoria de Cecilia Monzón que una ley que proteja a los hijos de las víctimas de feminicidio en Puebla, pues ella, en vida, desde su papel de abogada defendía a muchas víctimas de violencia machista.

Cecilia Monzón fue asesinada con seis balazos la mañana del 21 de mayo cuando viajaba en su camioneta en San Pedro Cholula. Aparte del supuesto autor material de este crimen, Javier López Zavala, también están en la cárcel el exdelegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el estado, Santiago Bárcena y el sobrino del político Jair. Aún están en la búsqueda del sicario que disparó, identificado como Silvestre.

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En esta iniciativa, en honor a ella, Mónica Silva Ruiz plantea reformar los artículos 628, 629, 633 y 634 del Código Civil para que el padre pierda los derechos de patria potestad cuando sea condenado por el delito de feminicidio contra la mamá de sus hijos, y se le suspendan durante el juicio. También aplica en el caso de quien sea denunciado por tentativa de feminicidio.

En el Código Penal, la legisladora propone reformar el artículo 338 Bis para que se castigue con tres a ocho años de prisión, una multa de 500 a 1,500 días de salario mínimo, además de destitución en el cargo e inhabilitación de tres a 10 años, al funcionario que con dolo propicie, promueva, tolere impunidad, omita, retarde o entorpezca una investigación en caso de feminicidio.

Al artículo 338 Tercero, se adiciona que el feminicida perderá todos sus derechos sobre los hijos que haya procreado, no solo con la víctima, sino también en caso de haber procreado con parejas anteriores.

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Al artículo 330 Quater, se pide añadir que la sentencia de 50 a 70 años de cárcel –que actualmente aplica para víctimas de feminicidio que estaban embarazadas– también se contemple cuando sea en agravio de niñas, mujeres de la tercera edad, y discapacitadas.

En la legislación vigente, la pena para quien resulte responsable de feminicidio es de hasta 60 años de cárcel, y 70 en contra de quien haya matado a una embarazada.

La lucha que generó una ley

La iniciativa de Silva Ruiz ya ingresó a la comisión de Procuración y Administración de Justicia, pero falta que sea dictaminada. Se prevé que sea después del 15 de septiembre, cuando se inicie el tercer periodo de sesiones, cuando se discuta y en su caso, se apruebe.

“Estoy convencida que es una iniciativa con tanta nobleza y con tanta necesidad ante la realidad que hemos estado que conocemos, no solo en los últimos meses, sino, desafortunadamente, cuántas niñas y niños se encuentran en orfandad por casos de feminicidio, y así poder brindarles certeza, que puedan crecer a lado de quienes les puedan garantizar estabilidad psicológica y emocional”, dijo la diputada a Expansión Política.

Aunque la propuesta ha sido bien recibida por grupos feministas en Puebla, consideran que aún falta mucho por trabajar para dejar de invisibilizar a las otras víctimas del feminicidio: a los hijos e hijas de las mujeres asesinadas.

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Natalia Hernández Arias, directora del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (Cafis), considera que esta iniciativa de ley es importante; sin embargo, aún falta ampliar otras medidas integrales a favor de los hijos e hijas de las víctimas de feminicidio.

Los pendientes que reconoce son un padrón de orfandad, además de estrategias integrales para aligerar de alguna forma la carga con la que quedan las familias.

Respecto al padrón, Silva Ruiz reconoce que no se tiene a pesar de que en Puebla desde abril de 2019 se emitió la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para 50 municipios que, entre las recomendaciones que hizo la Secretaría de Gobernación federal, fue contar con este listado.