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#Jalisco: La CNDH emite recomendación por "grave contaminación" del Río Santiago

El organismo informó que la contaminación en el Río Santiago, el segundo afluente más largo de México, ha provocado enfermedades del riñón en la población que vive a sus alrededores.
jue 28 julio 2022 07:18 PM
contaminacion rio santiago jalisco
El Río Santiago nace en el lago de Chapala en Jalisco y su cuenca abarca parte de los estados de Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit y Zacatecas.

Por violaciones a los derechos humanos, derivadas de los altos índices de contaminación del Río Santiago, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida a autoridades federales, al gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y a los alcaldes de El Salto, Juanacatlán, y Poncitlán.

En dicho documento, el organismo apunta que acreditó violaciones a los Derechos Humanos a un medio ambiente sano, al agua y saneamiento, a la salud y al interés superior de la niñez, esto debido a la falta o insuficiente implementación de medidas de prevención, mitigación y restauración de la calidad del agua en el río, así como la falta de atención a los padecimientos de salud de los habitantes de las comunidades vecinas.

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La recomendación 134/2022 fue emitida luego de que en noviembre de 2019 fue recibida una queja en la que se señalaba la falta de acciones de prevención y atención de enfermedades del riñón asociadas a la contaminación en el Río Santiago.

De acuerdo con la CNDH, este río es al día de hoy, una de las regiones más contaminadas de México, con altas cantidades de metales pesados provenientes de los corredores industriales a orillas de este.

Cabe destacar que el Río Santiago forma parte de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, es el segundo afluente más largo de México y uno de los más importantes del occidente del país.

Este río recorre 475 kilómetros hasta desembocar en el océano Pacífico por el estado de Nayarit. En Jalisco atraviesa los municipios de Ocotlán, Poncitlán, Juanacatlán, El Salto, Tonalá, entre otros, pasando a un costado del Área Metropolitana de Guadalajara.

La contaminación de este caudal, de acuerdo a la CNDH, ha puesto en riesgo el equilibrio ecológico y ha tenido implicaciones en la salud pública, la calidad de vida de la población y la sostenibilidad ambiental.

El organismo apuntó además que después de colaborar en una investigación corroboró que en la región confluyen problemas por falta de control ambiental de la industria, de planeación urbana, por cambios de uso de suelo, inadecuada disposición de residuos sólidos, así como la contaminación provocada por líquidos provenientes del municipio de Tonalá.

“Para este Organismo Autónomo, es relevante que, en distintos estudios realizados a la calidad del agua, los resultados coinciden en la presencia de contaminación microbiológica a lo largo de todo el río, con niveles muy altos en ciertas zonas, donde se advierte la presencia de más de 1,000 sustancias tóxicas, productos químicos y la presencia de elementos como arsénico y plomo, que en algunas zonas sobrepasaban el límite máximo permisible de la norma vigente al momento de realizar los estudios”, detalló la CNDH.

 

Y es que si bien en 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había emitido medidas cautelares en favor de los pobladores de las zonas aledañas al Río Santiago, dirigida en particular a las comunidades en un radio de 5 kilómetros, en los municipios de Juanacatlán y El Salto, la CNDH advirtió que los sistemas de tratamiento de aguas residuales instalados en el área no han sido suficientes para dar el tratamiento adecuado a las aguas residuales, generadas principalmente por una gran cantidad de industrias asentadas ahí.

Por ello, el organismo autónomo insistió en que tanto autoridades federales, estatales y locales han incurrido en una serie omisiones.

En la recomendación, la CNDH pide a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales encabezar el diseño y ejecución de un convenio para la coordinación interinstitucional que asegure la restauración y la reparación integral de los daños ocasionados por la contaminación del Río Santiago.

A los titulares de la Conagua, Profepa, Secretaría de Salud, Cofepris, al gobierno del estado de Jalisco, y de autoridades municipales de El Salto, Juanacatlán y Poncitlán se les pide también que participen en dicho convenio.

El convenio deberá sentar así las bases para la atención de esta problemática, con el fin de buscar soluciones de fondo.

“Para este Organismo Autónomo, dada la situación de emergencia ambiental por descargas de aguas residuales sin controles efectivos y sin apego a las normas establecidas, es necesario que la Conagua, determine la procedencia de un Decreto de Zona de Veda, de Zona Reglamentada o de Reserva, con el objeto de proteger la calidad del agua del río, y en su caso, proceda a la formulación, promoción y trámite correspondiente, ante el titular del Ejecutivo Federal”, apunta la recomendación.

 

Así pues, una vez que entre en vigor esta declaratoria, la Conagua deberá realizar una evaluación de los permisos de descargas de aguas residuales que se encuentren vigentes, a efecto de informar a los permisionarios sobre el plazo para que sus descargas se ajusten a las condiciones particulares de manera progresiva.

Por su parte, la recomendación establece también varias medidas que el gobierno del estado de Jalisco, junto con los municipios involucrados deben generar y mantener para garantizar un registro, seguimiento y evaluación de las empresas que descargan sus aguas residuales a las redes de alcantarillado en su jurisdicción.

En tanto que a la Secretaría de Salud se le pidió garantizar la debida atención a la salud de la población que resulta afectada por la contaminación ambiental, con énfasis en aquellos padecimientos asociados a enfermedades renales.

“Se pide al gobierno del estado que, a través de su Secretaría de Salud, fortalezca las condiciones que aseguren a todas las personas, y en especial a los grupos vulnerables con residencia en los municipios de El Salto, Juanacatlán y Poncitlán, el acceso a la asistencia y servicios médicos de calidad, incluyendo el acceso oportuno a los servicios de salud básicos preventivos, curativos y de rehabilitación, a los tratamientos apropiados, así como al suministro completo y continuo de los medicamentos esenciales para la atención de tales padecimientos”, apunta la recomendación.

Por último, la CNDH pidió a cada una de las autoridades que, en ejercicio de sus atribuciones, denuncien a los servidores públicos, que por actos u omisiones hayan contribuido al daño ambiental por descargas de aguas residuales o incumplimiento a la normatividad aplicable, y por la inadecuada gestión de los residuos sólidos municipales.

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