El estado de Baja California Sur se unió este jueves a la marea verde, al aprobar la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación .
Con 16 votos a favor, tres en contra y cero abstenciones, el Congreso local aprobó modificaciones a su Código Penal y la Ley de Salud para garantizar a las personas gestantes el acceso a los servicios de interrupción legal del embarazo.
El proyecto discutido este jueves en el pleno fue presentado el pasado 26 de mayo como una iniciativa ciudadana de la activista Mónica Jasis Silberg. En junio de 2021, el Congreso había desechado otro dictamen que buscaba la despenalización del aborto.
Las reformas aprobadas contemplan cinco causales en las que las mujeres podrán acceder al aborto, independientemente del periodo de gestación. Una de ellas es si las autoridades sanitarias les negaron la interrupción legal del embarazo durante las primeras 12 semanas.
También se contempla la causal de violación o inseminación artificial no consentida, así como si se determina que el embarazo provoca un peligro de muerte o afectación grave a la salud de la madre o persona gestante.
Asimismo, la ILE será autorizada, sin importar el periodo de gestación, si se detecta que el producto presenta daños físicos o mentales.
Con esto, la Ley de Salud local ahora establece que las instituciones deberán garantizar en todo momento la presencia de personal médico profesional y de enfermería no objetor para garantizar los servicios, y que el personal sanitario no podrá invocar la objeción de conciencia cuando su ejercicio ponga en riesgo la vida del o la paciente, se trate de una urgencia médica, si provoca una carga desproporcionada para las y los pacientes o cuando se invoque por motivos de discriminación u odio.
Además, las instituciones de salud deberán proceder a la interrupción del embarazo en un término no mayor a cinco días a partir de que se presente la solicitud. El servicio debe ser de forma gratuita y de calidad, ofreciendo servicios de consejería médica, psicológica y social, así como planificación familiar.
La votación y aprobación de las reformas ocurrió en medio de protestas de los llamados grupos "pro-vida". Las manifestaciones fueron desde llamadas telefónicas intimidatorias hacia las legisladoras hasta una petición de someter a discusión pública la validación del derecho a las mujeres a decidir sobre su reproducción y expresiones afuera del Congreso local.
La organización civil Ipas México aplaudió que Baja California Sur diera un paso importante en materia de derechos humanos, con lo que ahora se suma a las entidades que ya legislaron sobre la interrupción voluntaria del embarazo:
"(Ahora) es momento de que el Ejecutivo local implemente las acciones de política pública necesarias para garantizar una provisión de aborto seguro, disponible, con insumos necesarios, personal capacitado y libre de estigma y discriminación", señaló Ipas México en un comunicado.
