Indira Vizcaíno Silva asume este lunes 1 de noviembre como gobernadora de Colima, en la primera transición política en el estado que era bastión histórico del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Es la segunda gobernadora de Colima –la primera fue Griselda Álvarez, en 1979– y tendrá que hacer frente a importantes retos, desde la crisis financiera del estado hasta la situación de inseguridad.
Originaria de Tijuana, Baja California, Indira Vizcaíno Silva es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad de Colima. Inició su trayectoria política con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el que ocupó, de 2007 a 2015, varios cargos internos.
Es hija de Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, quien aún es militante en el PRD, partido por el que intentó llegar al gobierno de Colima en 1991, pero fue derrotado por el PRI.
Con 34 años de edad, Indira Vizcaíno ya fue diputada federal (2009-2012) y alcaldesa de Cuauhtémoc (2012-2015), en Colima, así como secretaria de Desarrollo Social de la entidad y coordinadora de los programas de Desarrollo del gobierno federal.
En las elecciones de este año, la joven obtuvo el 33.39% de votos, la mayoría para convertirse en gobernadora de Colima.
Indira Vizcaíno recibirá un estado con un déficit de por lo menos 2,000 millones de pesos y una deuda de hasta 8,000 millones de pesos en diferentes ámbitos, como la falta de pagos a trabajadores del gobierno.
“Vamos a llegar a diciembre de este año con un déficit de casi 2,000 millones de pesos (...) Actuaremos en contra de aquellos que encontremos que pudiesen haber participado en alguna irregularidad”, dijo a inicios de octubre la ahora gobernadora.
Vizcaíno Silva confió en que el gobierno federal la apoyará en el rescate financiero del estado. Incluso, adelantó que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a cubrir los adeudos con los trabajadores que se han visto afectados por la falta de solvencia de la administración saliente.
Previo a su Sexto Informe de Gobierno, el gobernador saliente, el priista José Ignacio Peralta declaró que entregaría un estado en mejores condiciones que el que recibió. Pero meses antes, en julio, informó que Colima enfrentaba una "severa crisis financiera".
Peralta Sánchez justificó que cuando asumió la gubernatura en 2016, recibió un estado en quiebra y sin tener la posibilidad de acceder al mercado del crédito, pues la calificación crediticia estaba colapsada. "Pasé 2016 y 2017 sin acceso al mercado de crédito", dijo.
A lo largo de 2021, los burócratas del estado denunciaron el "impago salarial" por varias quincenas a trabajadores, jubilados y pensionados, por lo que exigieron al Congreso local realizar una auditoria a fondo, extraordinaria, de toda la gestión administrativa de Ignacio Peralta Sánchez.
En julio, el priista anunció que la crisis financiera le impedía hacer estos pagos, así como enviar recursos a instituciones públicas descentralizadas u órganos autónomos, también para su nómina. En este sentido, consideró que la única manera de cumplir con los salarios sería con recursos extraordinarios de la Federación.
Por toda esta situación, Ignacio Peralta estaba citado a comparecer el 27 de octubre ante el congreso local para explicar el quebranto financiero en el que dejará el estado, pero no acudió porque, según un documento oficial, había viajado a la Ciudad de México a solicitar dichos recursos.
Así que ahora que asume el cargo de gobernadora, este será uno de los principales problemas que Indira Vizcaíno tendrá que resolver con apoyo de la Federación.
"La nueva gobernadora llega a un estado que está atrapado en su propia realidad, un estado débil en términos financieros y de fuerza como administración", dice a Expansión Política Gerardo Rodríguez, especialista en seguridad y política, y profesor e investigador de la Universidad de las Américas Puebla.
En 2020, una serie de crímenes contra funcionarios reveló una realidad que desde hace años enfrenta Colima. Primero, la diputada local Francis Anel Bueno Sánchez, de Morena, fue asesinada; después, hallaron sin vida y con signos de tortura a siete policías estatales; y luego un juez federal y su esposa también fueron víctimas de homicidio.
Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) confirman que Colima es uno de los estados más violentos del país, pues con una población de 731,391 personas, su tasa de homicidios es de 45.91 por cada 100,000 habitantes.
Esta tasa supera por mucho a la media nacional (16.67 homicidios por cada 100,000 habitantes) y es la tercera más alta en todo el país, solo después de Baja California (56.56) y Zacatecas (50.06).
De acuerdo con los reportes del SESNSP, Colima pasó de tener una tasa de asesinatos de 22.45 en 2015, a 93.37 en 2017, que representó el primer año de gobierno de Ignacio Peralta y que es la cifra más alta registrada en la historia moderna de la entidad.
Los asesinatos en Colima se dispararon en 2016, cuando en total se reportaron 583 homicidios dolosos (en todo 2015 hubo 184); tan solo de enero a septiembre de este año, el estado acumuló 406 asesinatos.
Gerardo Rodríguez considera que a Colima, al ser uno de los estados más pequeños de la República, pero incrustado en un espacio estratégico para el crimen, se la ha complicado la situación de la inseguridad en los últimos 12 años.
"El indicador que más les duele a los habitantes de Colima es la tasa de homicidio, porque son muy pocos habitantes y la tasa es muy alta , que ha venido un poco a la baja, porque hace seis años la situación era terrible", enfatiza el especialista en seguridad.
¿Pero por qué empeoró la situación para el estado? Gerardo Rodríguez expone que todo deriva de la lucha que se desató entre Los Zetas y el Cártel de Sinaloa, de la cual surgieron dos grupos antagónicos: los "Matazetas" y los "Caballeros Templarios". Ahora, el territorio es disputado por el Cártel Jalisco Nueva Generación, considerado el más poderoso del país.
El principal atractivo para el crimen organizado es el puerto de Manzanillo, que se ha convertido en el "paraíso del trasiego de drogas". Pero además, la "condena" de Colima son sus recursos naturales: productores agrícolas, sobre todo de limón, son víctimas de extorsión y despojo.
Es una situación muy complicada; ya llevan dos sexenios, de gobernadores y presidentes de la República, y no pueden resolver la situación en Colima".
El investigador agrega que para hacer frente a esta situación de violencia, Indira Vizcaíno debe apoyarse en la Guardia Nacional, en la Secretaría de Marina y en la Policía Naval; así como lograr acuerdos con los alcaldes.
"La nueva gobernadora no tiene mucho margen de maniobra, requiere forzosamente de la participación de la Secretaría de Marina; también debe buscar la mayor coordinación con los alcaldes, sobre todo de la ciudad de Colima y de Manzanillo", dice.
