Con un proceso judicial pendiente, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, podrá gozar de protección por parte de elementos de seguridad del estado incluso después de su mandato, que concluye en octubre de 2022.
Así lo aceptaron este lunes 26 de los 43 municipios de Tamaulipas, con lo que se ratifica la decisión del Congreso local, que la semana pasada aprobó reformar su Constitución para otorgarle a Cabeza de Vaca seguridad de por vida.
Es decir, que el panista podrá mantener escoltas y vehículos oficiales blindados con cargo al erario del estado hasta seis años después de concluir su gubernatura, con posibilidad de volver a solicitar la protección las veces que considere necesarias.
El proceso se llevó a cabo de esta manera, luego de que en junio pasado el propio Congreso estatal avaló que todo cambio o modificación a la Constitución debe contar con la mayoría de los 43 municipios.
En la sesión de este lunes, el Congreso de Tamaulipas confirmó el cómputo de votos de los ayuntamientos respecto a la reforma del artículo 19 bis de la Constitución local, estableciendo que el gobierno deberá garantizar la protección a Cabeza de Vaca y a cualquier otro exfuncionario que haya desempeñado labores de seguridad o justicia.
Los municipios que aprobaron esta reforma son Aldama, Altamira, Antiguo Morelos, Burgos, Bustamante, Villa de Casas, El Mante, Gómez Farías, González, Guerrero, Jaumave, Méndez, Mier, Miguel Alemán, Miquihuana, Nuevo Laredo, Nuevo Morelos, Ocampo, Padilla, Palmillas, Río Bravo, San Fernando, Soto la Marina, Tula, Valle Hermoso y Xicoténcatl; que en su mayoría son gobernados por el PAN.
Los diputados de Tamaulipas también se adelantaron ante cualquier posible recorte presupuestal, al aprobar que el gasto en materia de seguridad pública no podrá ser menor al ejercido el año anterior.
Hasta este momento, Francisco García no se ha pronunciado sobre lo aprobado por el Congreso y los ayuntamientos con respecto a su seguridad.
La administración de García Cabeza de Vaca (2016) criticó en un inicio que los exgobernadores Eugenio Hernández y Tomás Yarrington –en ese entonces buscados por la DEA por cargos de narcotráfico–, gozaran de escoltas pagados con recursos públicos.
Desde ese momento, su gobierno decidió retirar los servicios de seguridad a los últimos cuatro exmandatarios estatales, incluidos Manuel Cavazos Lerma y Egidio Torre Cantú.
Aunque todavía no se determina cuántos escoltas estarían al servicio de Cabeza de Vaca al concluir su mandato, se supo públicamente que sus predecesores tuvieron hasta 12 agentes con un gasto de 400,000 pesos mensuales cada uno, según lo revelado por la procuraduría del estado.
En mayo pasado, Cabeza de Vaca consiguió una suspensión provisional de amparo, por lo que mientras esta tenga validez no podrá ser detenido aun cuando haya una orden de aprehensión en su contra por delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, de los que lo acusa la Fiscalía General de la República (FGR).
El pasado 16 de septiembre, el gobernador y el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, se reunieron después de que Cabeza de Vaca se mantuvo cinco meses sin salir de la entidad a actividades públicas.
