Estados recurren a deuda para enfrentar crisis económica por COVID-19

En conjunto, esas entidades han solicitado de marzo a junio 55,872 millones de pesos y han referido que los recursos para pagar esos créditos saldrán del Fondo General de Participaciones. Solo en el caso de Guanajuato y Jalisco, los gobiernos estatales explicaron que los préstamos adquiridos son para enfrentar la crisis derivada de la pandemia, las otras entidades argumentaron cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal y refinanciamiento de deuda.

Para hacer frente a los efectos económicos del COVID-19, el presidente López Obrador recomendó a los estados no endeudarse, y aplicar una política de austeridad que les permita ahorros, e incluso les recomendó vender las camionetas blindadas donde se transportan.

Los que contrataron deuda después del inicio de la pandemia

Quintana Roo, gobernada por el aliancista Carlos Joaquín González, es la entidad que más deuda ha contratado con 18,948 millones de pesos, pero su caso es particular, porque solo 212 millones son para cubrir insuficiencias de liquidez temporal, el resto es para refinanciar su crédito.

Le sigue Baja California, gobernada por el morenista Jaime Bonilla, pues entre abril y mayo contrató 12,450 millones de deuda.

Las organizaciones Transparencia Mexicana y Tojil, reportaron que solo dos entidades han informado que contrataron deuda por 11,000 millones para enfrentar los efectos de COVID-19.

Se trata de Jalisco, actualmente gobernada por Enrique Alfaro, que consiguió prestamos por 6,200 millones de pesos, con el argumento de cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal y para poner en “Plan Jalisco COVID-19” y Guanajuato que contrató 5,350 millones en deuda.

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Oaxaca es la quinta entidad que más ha recurrido a endeudarse. En marzo contrató 4,792 millones, sin embargo, ese estado gobernado por el priista Alejandro Murat a principios de año ya se había endeudado por 9,518 millones de pesos.

Michoacán es el sexto estado que más deuda ha contratado en estos meses, aunque argumentó que era con motivo de utilizar los recursos en inversión pública productiva. El estado gobernado por el perredista Silvano Aureoles pidió a Banorte y a Banco del Bajío 4,090 millones de pesos.

En tanto, el estado de Nuevo León, gobernado por el independiente Jaime Rodríguez Calderón contrató deuda por 2,291 millones de pesos.

Los dos estados que menor cantidad de deuda han contratado son: Chihuahua con 1,450 millones y Yucatán con 300 millones, ambas gobernadas por el PAN.

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También hay otros estados como el Estado de México y Veracruz que recurrieron al endeudamiento, pero fue en el primer mes del año.

En el caso del gobierno mexiquense, a cargo de priista Alfredo de Mazo, la entidad solicitó 1,500 millones de pesos aunque argumentó que los recursos serán destinados a inversión pública productiva y en el caso de Veracruz, la deuda contratada asciende a 17,472 millones de pesos, pero fue para el refinanciamiento.

En entrevista con Expansión Política, el presidente de la Comisión de Economía del Senado de la República, Gustavo Madero, advirtió que, así como nueve estados ya recurrieron a solicitar deuda, al menos otra cantidad igual se espera lo haga, y ello porque la federación está dejando solos a los gobiernos locales.

“Sí está habiendo una mayor presión en los gobiernos estatales para recurrir en mayores gastos para apoyar al sector salud y al sector social en sus estados sin ningún apoyo de la federación. Esto es lo delicado. La federación es la que tiene el margen para apoyar y no lo está utilizando, este gobierno salió más neoliberal y duro que Donald Reagan y Margaret Thatcher juntos, y no está haciendo ninguna concesión para poder apoyar a los estados en este trance”, advirtió.

El senador de la bancada de Acción Nacional afirmó que varios estados ya estaban “con el agua en el cuello”, y el COVID vino a complicar su situación financiera.

Deuda debe transparentarse

Para el director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Héctor Villarreal, los estragos económicos generados por la pandemia de coronavirus, sí justifican que un estado recurra al endeudamiento porque durante estos meses se paralizó la actividad económica y la generación de empleos.

No obstante, esa contratación de deuda, dijo, debe ser lo más transparente pues actualmente hay controles muy débiles para saber si lo contratado realmente se aplica a lo argumentado.

Villarreal consideró que en materia de endeudamiento, se debe hacer un poco más laxa la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios porque es muy severa para permitir que los estados puedan endeudarse para salir de una emergencia derivada de una pandemia como ésta, aunque a la par deben fijarse reglas claras, procedimientos y controles para vigilar el destino de los recursos.

“La ley es sustancialmente más estricta que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el equivalente para la federación. Eso hace que realmente los estados no puedan recurrir a mucho endeudamiento”, destacó.

Por su parte, la especialista en Derecho y cofundadora Tojil, Estefanía Medina, explicó que a pesar de que las entidades como Jalisco y Guanajuato hicieron públicos sus endeudamientos en los micrositios donde informan sobre contagios, decesos y casos recuperados de coronavirus, no está claro es qué recursos solicitados son para enfrentar la pandemia y cuáles no.

La especialista dijo que en es necesario cuidar el origen-destino de los recursos, es decir, con qué institución bancaria se está contratando la deuda y las condiciones, y para qué se van a utilizar.

Advierten riesgos de “guardaditos”

Los especialistas consultados, consideraron que en la contratación de deuda hay que cuidar que los recursos obtenidos no vayan a ser utilizados en el proceso electoral de 2021.

“Imaginemos que como gobernador quiero jugar chueco, y entonces digo: el Insabi no está terminando de funcionar, yo tengo que fortalecer mi sistema de salud, me estoy endeudando ahorita, lo meto a fideicomisos y me lo voy a estar gastando el próximo año. ¿Pueden probar que nada de esos recursos van a caer en cuestiones electorales? Es muy difícil”, advirtió Villarreal.

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Por su parte, Estefanía Medina consideró que recurrir a deuda no es malo, sobre todo cuando los recursos se utilizan en inversión productiva para salir de una crisis como una pandemia como la que propició el coronavirus. Sin embargo, llamó la atención en que se debe cuidar el destino de los recursos para evitar que lleguen a fines electorales.

“Hacia dónde van a ir los recursos, ahí es clave el papel que van a tener los órganos fiscalizadores sobre los recursos que se están destinando para el COVID-19 y de postcovid”, afirmó